La política y su constante tendencia al fraude y a las influencias es pan de cada día. Hace unos días, estalla un nuevo conflicto donde la Fundación Democracia Viva presidida por Daniel Andrade quién también era asesor de la subsecretaría de defensa y, además pareja de Catalina Pérez -que a propósito es Diputada de la República- recibe dineros por medio de un Convenio de Transferencias con la secretaria regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, cuyo seremi era Carlos Contreras -que a propósito era un ex asesor de la Diputada recién mencionada-. Parece un puzzle, pero la historia, es fácil de predecir.
Surge una especie de triángulo, donde la Fundación Democracia Viva obtiene $426 millones de pesos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El caso es difícil, debido a que el problema es más bien político. Sin embargo, Contraloría de la República tendrá la última palabra.
En el intertanto, el ministro de la cartera de Vivienda ha sido tajante, y ha indicado que lo sensato es que la Fundación en conflicto ponga fin al convenio y restituya lo que queda de los recursos públicos que han sido asignados. Si… ha leído bien, lo que queda.
Ahora bien, generemos alguna reflexión de este caso. El Estado cuando contrata debe ser imparcial, de modo, que relaciones de militancia, de parentesco o de afinidad deben provocar una inhabilidad de forma inmediata en la entrega de recursos públicos. Estos recursos son nuestros como sociedad, lo hemos recolectado a través del famoso “Contrato Social”. Cuando construimos una carretera; cuando entregamos transferencias sociales, como el IFE o la Pensión Universal Garantizada, estamos utilizando esta especie de fondo solidario que hemos recolectado por medio de los impuestos que provienen del IVA, de las contribuciones, de nuestra renta, por nombrar algunos. De modo, que situaciones como esta, no nos pueden dejar en la indiferencia.
Lo complejo, es que producto de nuestro desconocimiento, situaciones como éstas, en muchas ocasiones pasan desapercibidas e incluso, las justificamos. Ejemplo de ello, es la entrega de viviendas fiscales por muchos años, contrataciones de parientes en el Estado, entrega de recursos de forma directa, personeros políticos trabajando en universidades, y así podemos continuar con una gran lista.
Este problema golpea al Estado -y por ende al gobierno-, lo deja herido y da claras señales de la importancia que debe tener la probidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. De hecho, ¿qué garantía tenemos en que el Estado maneje bien los nuevos recursos que pueden provenir de la reforma previsional?
Nosotros, los seres humanos tenemos una inclinación a estas tentaciones, de modo, que las leyes son aspectos que permiten protegernos de nosotros mismos. Debemos auto-cuidarnos de estas tentaciones y para aquello, es importante cuidar las autonomías de nuestras instituciones reguladoras e incluso incorporar algunas otras, como el Instituto Nacional de Estadísticas. Esperemos que más allá de la crítica, tomemos una lección de este caso que enloda nuevamente a las arcas fiscales de nuestro país.