Para
nadie es arcano que el nivel de delincuencia es alto, demasiado alto
para los estándares chilenos, acostumbrados por años a esa delincuencia
de monreros, lanzas y semejantes, pero no a los asesinatos por encargo o
por venganza de bandas rivales, tan comunes en nuestros tiempos. Las
extorsiones se han hecho cotidianas; la existencia de proxenetas
también, según da cuenta un periódico nacional; los hurtos o robos en
motos; en fin, formas nuevas de delincuencia que hasta hace poco no se
conocían en Chile. Todos estos hechos además de la inseguridad diaria
han hecho de este país un lugar más complicado para vivir y sin embargo,
vemos y escuchamos con estupor a las autoridades que están “trabajando
en ello”, que perseguirán como “perros” a la delincuencia (que expresión
más desafortunada, una más para el catálogo presidencial), y un sinfín
de buenas intenciones que hasta ahora han quedado sólo en eso.
El
Estado, ese ente terrenal todopoderoso, fue construido precisamente
para otorgar seguridad a sus habitantes; es decir, una de las funciones
esenciales de todo Estado es usar la fuerza legítima para asegurar a las
personas su vida y su integridad física. El Estado del cual la
izquierda es tan creyente en sus bondades, hoy está a cargo precisamente
de una coalición política de izquierdas y sin embargo, esta función
esencial hoy no está siendo cumplida de manera eficiente ni eficaz. No
cabe en esta verdadera desidia gubernamental hacer responsables a otros;
a los últimos 30 años; al gobierno pasado; a la oposición; a los medios
de comunicación; y tantos otros chivos expiatorios que el gobierno
encuentra para excusarse ¿Es que acaso la oposición es responsable de
los actuales altos índices de delincuencia? ¿Es que acaso el gobierno
pasado está cargo de la presente seguridad pública? ¿Es que acaso la
seguridad pública es responsabilidad también de los privados? Recordemos
que el Presidente de la República es ferviente partidario de que los
particulares no tengan armas de fuego en sus domicilios (envió incluso
un proyecto de ley para desarmar a los particulares), de manera que
quiere hacer recaer en los agentes del Estado la exclusiva y excluyente
responsabilidad de la vida y seguridad de las personas, sin que los
privados tengan la capacidad de repeler ataques de los delincuentes. Por
un lado quiere desarmar a los particulares para que no repelan
acometidas de los delincuentes y en el mismo momento los desprotege de
la delincuencia. Esta misma actitud desplegó cuando llamó a los actores
políticos a una conformar una mesa para abordar la seguridad pública y
la delincuencia y en el mismo momento indultaba a delincuentes
peligrosos para la sociedad. No puede entenderse desde una elemental
lógica el porqué de la actitud del Presidente en relación a la seguridad
pública, pero sí desde su ideología que supone que cualquier ataque de
un agente policial que suponga fuerza física para prevenir o impedir
hechos antisocialaes, es represión y violación a los derechos humanos,
de tal suerte que las policías se inhiben de usar precisamente la fuerza
para combatir a los delincuentes. Es esta forma de concebir la sociedad
la que está acabando con la paz y tranquilidad de los chilenos.
¿Entonces
si no es el gobierno el que no está actuando para dar seguridad a la
población, quién le pone el cascabel al gato en este asunto?