Hace
unos días, Juan Oyarzo, Rector de la Universidad de Magallanes, envió
una carta a Gabriel Boric apoyando su candidatura presidencial. Esto no
sería reprochable si hubiese sido a título personal (Juan Oyarzo, como
ciudadano, puede apoyar a quien quiera). Pero no lo fue. El apoyo de
Oyarzo fue realizado en nombre de “la comunidad de la Universidad de
Magallanes” y usando el logo y timbre de la Universidad. Por tanto, el
Rector utilizó a la Universidad para favorecer a un determinado sector,
exponiendo de paso sus propias convicciones políticas. El actuar de
Oyarzo significa un tremendo daño a la Universidad, por los motivos que
paso a exponer.
Primero,
el más obvio de ellos es la utilización ilícita de una institución
pública con fines políticos. Los servidores públicos tienen el deber de
cumplir los cometidos propios de sus cargos, los cuales están vinculados
al interés general y no a favorecer las campañas de uno u otro
político. Por este motivo los representantes de instituciones públicas
no pueden realizar declaraciones como las del Rector Oyarzo, teniendo un
deber de abstenerse de ellas. Pero esto no es solo un tema de
principios. La legislación es clara en condenar este tipo de actos
proselitistas. De hecho, quedan pocas dudas de que el actuar de Oyarzo,
además de imprudente, es ilegal (a los más leguleyos les interesará
revisar, entre otros, los artículos 19 y 52 de la Ley 18.575 [DFL 1] y
la letra h) del artículo 84 de la Ley 18.834 [DFL 29]).
Adicionalmente,
la carta también afectó a la comunidad universitaria en nombre de la
cual el Rector supuestamente habló. En las democracias occidentales, las
Universidades son instituciones en las que conviven distintas posturas
políticas y en donde la diversidad no sólo debe ser promovida, sino que
también respetada por sus autoridades. Y fue precisamente esto lo que el
Rector no hizo. Al respaldar a un determinado candidato a nombre de la
comunidad universitaria, Oyarzo habló en nombre de los académicos,
funcionarios y alumnos de la UMAG, sin considerar la diversidad de
opiniones de cada uno de ellos. Obviamente, esto despertó el inmediato
rechazo de los distintos estamentos universitarios. Sin embargo, lo más
curioso fueron las disculpas que pidió el Rector. Estas fueron
dirigidas no a la comunidad universitaria agraviada, sino que al
Ministro de Educación. Esto denota que el Rector entiende que se trata
de algo grave (ya que se disculpa con quien podría reprenderlo) pero que
no termina de comprender su error, ya que no se ha dirigido a los
verdaderos afectados.
Pero
sin duda lo más grave de este episodio es la pérdida de credibilidad de
la gestión de Oyarzo a cargo de la UMAG. El Rector no solo manifestó su
tendencia política, sino que demostró que está dispuesto a utilizar a
la Universidad para apoyar a un sector político. Y aquí hay un antes y
un después en la gestión de Oyarzo. Por ejemplo, la Universidad ha
contratado a varios ex Seremis, y parientes de exautoridades políticas
de la tendencia política del Rector. Asimismo, varios de los candidatos a
las actuales elecciones pertenecen al conglomerado del candidato
favorecido por el Rector en su carta. ¿Tienen estas contrataciones que
ver con el mérito de dichas personas o con su tendencia política? ¿Están
justificados los sueldos millonarios que reciben? ¿Qué pasa con los
docentes y funcionarios de carrera que no son de la tendencia política
de Oyarzo? En consecuencia, queda la duda si es que bajo esta
administración los recursos de la UMAG están siendo bien utilizados y,
por tanto, si los estudiantes de nuestra región están recibiendo la
mejor educación posible.
El
daño perpetrado a la Universidad por el Rector Oyarzo es tremendo. Con
su actuar, Oyarzo ha puesto en duda la credibilidad y gestión de la
Universidad, haciéndose difícil distinguir si ésta se encuentra al
servicio de la comunidad o si está sirviendo a los intereses algún
partido o tendencia política particular. Esto, en un contexto donde la
ciudadanía ha repudiado con fuerza el modo en que los políticos han
cooptado instituciones que están llamadas a servir a todos. En este
escenario, lo único que podría recuperar la credibilidad de la
Universidad sería la salida de Oyarzo, ya sea voluntaria o forzada por
la Contraloría, que prontamente investigará su caso.
Finalmente,
instancias como la nueva Constitución deberían permitirnos reformar el
Estado, elevando los estándares de probidad, eficiencia y transparencia
de sus instituciones, de modo que podamos luchar efectivamente contra la
corrupción, evitando que instituciones públicas que debiesen servir a
todos sean capturadas por operadores políticos.