Cada
vez que el precio del cobre en Chile se dispara, el debate sobre cuánto
dinero aporta la extracción del metal a las arcas públicas se enciende.
Pero esta discusión genera más ruido debido al año políticamente
excepcional, ad portas de una nueva Constitución y con elecciones
presidenciales en noviembre.
¿Cuáles
son las cifras del cobre en Chile? Representa cerca de la mitad de las
exportaciones nacionales; genera en torno al 10% del PIB (cifra que
puede ampliarse al 15% si se considera el impacto que tiene en otros
sectores asociados a su producción); crea una importante cantidad de
empleos directos e indirectos y es una significativa fuente de ingresos
para el presupuesto nacional, especialmente cuando el precio está alto.
En
2020, el metal aportó el 5,9% de los ingresos del país, según la
Dirección de Presupuestos, mientras que en el período 2010-2019, esa
contribución llegó al 9,6%. Sin embargo, en la época del “superciclo”
del cobre (entre 2004 y 2014), cuando el precio estaba por las nubes, el
aporte a las arcas públicas alcanzó un máximo de 34,3% (2006), según la
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Como
el negocio del cobre es altamente rentable -acaba de marcar US$4,86 la
libra, el máximo precio registrado en su historia- y constituye una de
las mayores fuentes de riqueza para un país que es el mayor productor
mundial de este metal, la discusión no es sólo técnica, sino también
política.
¿Qué
debemos esperar? Mientras su valor acumula un aumento de su precio
cercano al 80% desde mediados del año pasado, lo más importante en una
proyección de mediano y largo plazo es apuntalar las arcas fiscales.
Estas se han visto muy presionadas por la crisis social y sanitaria que
vive el país y significan la viga maestra para el plan de ayudas que el
Gobierno ha destinado y las ayudas que aún se discuten en el Congreso.
Con
una pandemia que probablemente acompañará la actividad productiva
durante el resto del año, la posibilidad de acceder a más recursos
fiscales a través de los tributos derivados del cobre significan un
alivio para el presupuesto, relativizando el acceso al endeudamiento y
las presiones que significa para la economía interna.
Por
otro lado, la discusión de una nueva Constitución dará paso a distintas
agendas políticas y sectoriales que buscarán allegar recursos para sus
propuestas. Asimismo, la discusión de una reforma previsional y la
degradación de los ahorros previsionales de millones de chilenos que han
accedido a los sucesivos retiros de sus fondos, harán necesario de un
Estado con arcas robustas.
Para
todo esto es necesaria una discusión abierta y sin prejuicios, donde la
discusión de un royalty minero requiere altura de miras y apertura de
las partes.
Chile
debe utilizar sus ventajas competitivas atendiendo a datos certeros.
Por ejemplo, cambios estructurales, como la revalorización del cobre en
el contexto de los planes de descarbonización a nivel mundial y la
demanda de este metal asociada al desarrollo tecnológico.
Más
allá de que estemos ante un “superciclo”, las perspectivas a largo
plazo son alentadoras y el cobre debería seguir siendo un buen negocio
por muchos años. Por ello, el debate necesita voces expertas, actores
públicos y privados dispuestos a ceder y un Estado que maximice un
recurso natural que seguirá siendo una piedra fundamental de su
accionar.