La frase: “Si quieres
conocer una persona, dale poder” se atribuye al filósofo chino Confucio.
Pero, el costo de brindar poder puede ser alto.
El
caso de Cathy Barriga es indignante pero contradictoriamente, digno de
farándula. La audiencia de formalización dejó en evidencia gastos como:
pintar dorado un automóvil municipal, programa de televisión donde la
exalcaldesa era la protagonista, compra de peluches por montos
estratosféricos, celebraciones, entre otros.
Desde
el punto de vista laboral, funcionarios afectados están informando a
medios de prensa de actos de acoso y maltrato laboral, con amenazas de
supuestas represalias en caso de no cumplir sus caprichosas órdenes.
También
quedó en evidencia una actitud lumpen, al escucharse en la audiencia de
formalización, un audio de una colaboradora, solicitando apoyo a
funcionarios municipales para desprestigiar supuestamente a concejales, a
través de la creación de cuentas falsas de “twitter”. Esto
posiblemente porque los concejales pedían explicaciones presupuestarias y
una auditoria.
Desde
el punto de vista técnico, se investigará la adulteración de informes
presupuestarios para mostrar un superávit (utilidad) inexistente. En
otro audio queda en evidencia la manipulación de la información cuando
el exadministrador municipal formalizado, pide al exdirector jurídico de
la municipalidad que: “Y no escriba cosas (…) Por ejemplo, hablar de
‘déficit’ o de ‘ilegal‘. Porque son cosas que nosotros de verdad no
vemos. O sea, hay que cambiar ese concepto”.
El
sensacionalismo y farándula ya está explicado. La indignación es que
estamos hablando de $30.000 millones de pesos malgastados. La
investigación judicial dirá si efectivamente fueron desvío de fondos,
malversaciones o solo estupideces de multimillonaria con dinero ajeno. Y
esto último es lapidario para el país, ya que si es solo falta de
prolijidad y una “pega” mal hecha, implica solo un tirón de orejas.
Lo
preocupante es gastar más de la cuenta. Si existe déficit (pérdida)
existen más compras que ingreso, por lo tanto, o se gastaron las
reservas de la Municipalidad de Maipú o se encuentra sobre endeudada.
Inexplicable
es la falta de denuncia de los funcionarios ante tribunales laborales,
como se hizo años anteriores contra la Municipalidad de Recoleta por
vulneración del derecho a la integridad psíquica prevista en el artículo
19 N°1 de la Constitución. Está bien sentir miedo, pero de ahí a
dejarse pisotear o ser parte de ilícitos existe un vacío moral
importante. El funcionario público puede también negarse por escrito a
una orden de un superior jerárquico y eso lo protege ante juicios de
cuentas, bajo ciertas formalidades.
¿Y
la prensa nacional? algunos confusos con tantos desfalcos. Un medio de
prensa dio tribuna a un exfuncionario sentenciado en el caso MOP GATE,
para que emita una opinión referente al caso Convenios. No me extrañaría
que entrevistaran a la exalcaldesa Karen Rojo para conocer su opinión
del caso Barriga.