Luego
de que el Congreso destrabara la parálisis sobre el futuro del proceso
constituyente, el debate ha girado hacia el rol de los expertos en el
nuevo órgano constitucional. Sin embargo, otra dimensión igualmente
importante de discutir es la participación ciudadana. Su incorporación
es uno de los desafíos de esta nueva etapa, al ser un factor crucial
para su legitimidad de corto y largo plazo.
La
intervención de la ciudadanía, en algún grado en la deliberación y
redacción de normas constitucionales es una tendencia mundial en los
procesos de reformas o de su reemplazo en los últimos 30 años. Países
tan diferentes como Colombia, Sudáfrica, Hungría, Irlanda, Túnez y
Ecuador han establecido canales de incidencia ciudadana, como la
creación de mesas y grupos de trabajo territorial; consultas por correo o
internet; o la realización de audiencias públicas. Ciertamente, es
imposible incluir todos los mecanismos disponibles en un solo proceso,
pero existe la voluntad de que la voz ciudadana sea incidente.
Una
excepción a esta tendencia es la Constitución de Argentina de 1994. Ahí
la participación popular se ciñó sólo a la elección de convencionales,
ya que partidos políticos altamente populares y con una importante
aprobación ciudadana acordaron de antemano las modificaciones
constitucionales y su votación en la asamblea para asegurar una rápida
tramitación. En cambio, el Acuerdo por Chile se da en un contexto de una
amplia crisis de representación y con un fracaso constitucional
reciente, lo que hace desaconsejable la omisión de la participación
ciudadana.
A
su vez, la fallida Convención Constitucional estableció un repertorio
ambicioso de procesos participativos. Sin embargo, esta experiencia
enseña que es recomendable aplicar efectivamente un número acotado de
mecanismos, en lugar de un abanico irrealizable o insatisfactorio de
opciones para incorporar la voz de la ciudadanía.
En
un contexto de crisis de legitimidad y descrédito institucional, el
nuevo proceso debe considerar decididamente algún tipo de participación
del electorado en sus distintas etapas. Aunque aún hay tiempo para
definir algún espacio de incidencia durante el Consejo Constitucional,
el inicio del Comité de Expertos el próximo mes impide un diseño
adecuado. No obstante, abre una oportunidad para que sus miembros
incorporen activa y verificablemente los resultados de los encuentros
locales autoconvocados del 2016, y cabildos y audiencias de la pasada
Convención. De este modo, es posible que el nuevo momento constitucional
incorpore desde un inicio la opinión de la ciudadanía, aunque diferida.
A
la luz de la experiencia comparada y las lecciones recientes, la
apropiada implementación de la voz ciudadana es vital para incrementar
la legitimidad de decisiones tan trascendentales como la creación de una
nueva Carta Magna. Es de esperar que esta discusión no sea obviada, ya
que es necesario avanzar desde distintos frentes para la superación del
problema constitucional chileno. No quedan muchas oportunidades.