En
Chile tenemos la urgente necesidad de abordar los retos de la Educación
Técnica. Desafíos que se han levantado tanto desde el ámbito educativo
como productivo y que cuenta con un argumento de fondo que debemos
considerar. Casi el 50% de los titulados de Educación Superior son
técnicos de nivel superior y la meta prevista es que, para el año 2024,
el porcentaje alcance al menos el 60%. Según datos de la Sociedad de
Fomento Fabril, se estima que en nuestro país existe un déficit de 600
mil técnicos profesionales. De ahí la importancia de aumentar la
cobertura de la formación técnica, así como la calidad y la pertinencia
de los programas a fin de contar, a corto y mediano plazo, con el
capital humano que el país requiere para su desarrollo teniendo en
especial consideración que existe además una demanda creciente por
técnicos de nivel superior en áreas tales como administración de
empresas y en RR.HH., minería, salud, computación, industria y
servicios, entre otros. Por otro lado, y sumado al valor social de la
educación técnica para Chile, también existe un valor individual. La
encuesta Casen 2011 nos muestra que los ingresos promedios mensuales de
los titulados en especialidades técnico-profesionales alcanza los $
450.000. En tanto, el sueldo promedio de un técnico o profesional
egresado de un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica puede
llegar a los 800.000 mensuales, en comparación al monto de remuneración
promedio de más de $ 1.000.000 que obtienen titulados de universidades.
Tal como lo indicó en su momento la Comisión Asesora externa convocada
por el Ministerio de Educación el año 2009, la formación
técnico-profesional puede (y debe) transformarse en un factor clave para
apoyar tanto la competitividad del país como la empleabilidad de las
personas, en un contexto en que se busca como sociedad mejorar la
capacidad de innovación y la productividad del país y, de esta forma,
lograr mayor crecimiento económico que garanticen el bienestar de las
personas y la cohesión social. Estas son señales del atractivo y
potencial que tienen las carreras técnicas en algunas áreas, que deben
aprovecharse para revalorizar esta modalidad en Chile, pero que deben ir
de la mano de políticas públicas serias y estables que contribuyan a
fortalecer la formación técnica, incrementar la inversión pública y
privada, y posicionarla en la agenda pública de educación como una
oportunidad para la movilidad social.