Ya
estamos en plena temporada electoral para elegir a nuestros
representantes a la convención constitucional que tendrán la
responsabilidad de proponer una nueva “carta magna”.
Muchos
candidatos imaginan un determinado tipo de Chile que ellos
personalmente quieren, para imponerlo a todos nosotros. Es por nuestro
bien, piensan. Algunos preocupados por la moralidad, estarían dispuestos
hasta imponer la misa dominical obligatoria para lograr la salvación de
las almas. Otros quisieran que el Estado (los políticos) regule las
formas de producir y administre el ingreso de los chilenos para
distribuirlo según su propio criterio.
Todos
bien intencionados que solo buscan el bien común. Pero el camino al
infierno está pavimentado de buenas intenciones. Como dijo el gran
filósofo Karl Popper, los que nos prometen el paraíso en la tierra nunca
trajeron más que infierno.
Desde
todo el espectro político surgen propuestas para aumentar el rol del
Estado e incluir más “derechos”, que no son más que bienes y servicios
que algunos recibirán gratis pero que tendremos que pagar entre todos.
En palabras simples, los políticos quieren más poder para imponer sus
criterios. En el fondo, no confían en las decisiones que puedan tomar
las personas
Pero
el asunto es complejo porque los seres humanos somos únicos e
irrepetibles. Solo piense en lo diferentes que son sus propios hijos,
que comparten el mismo origen. Imagine entonces lo distinto que pueden
ser los miembros de una sociedad tan numerosa como la que forma un país.
Cada uno con su propia carga genética y circunstancias, tiene distintos
intereses y planes para sus vidas que además se van modificando con el
tiempo. Muchos de esos sueños se ven imposibilitados por distintos
tipos de regulaciones provenientes del Estado, que inhibe así parte de
la gloriosa diversidad que caracteriza al ser humano. Por eso consensuar
un determinado tipo de sociedad se hace tan difícil.
Mientras
mayor sea el rol del Estado, más rígido será el tipo de sociedad y
menor la capacidad para acoger la infinita variedad de proyectos de
vida. Surgirá entonces la frustración y el malestar, lo que implicará la
necesidad de aplicar cada vez mayor coerción para mantener la cohesión
social.
Por
el contrario, una sociedad pacífica es la que acota y limita las
facultades del Estado, dejando el espacio necesario para que puedan
desplegarse todos los proyectos de vida que puedan existir. Algunos
podrían parecernos hasta repulsivos para una sensibilidad personal, pero
merecen su oportunidad con la sola condición que respeten los derechos
de los demás. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el modo de vida de
otros, como se organizan para producir o como gastarán su dinero?
¿Con que autoridad pretenden entonces los constituyentes construir un determinado tipo de país?
Necesitamos
constituyentes más modestos en sus aspiraciones, que se limiten a crear
las condiciones para que todos los proyectos de vida tengan su
oportunidad y que dejen que esa gran tarea de construir una sociedad sea
asumida como resultado de la sumatoria de las decisiones personales de
cada uno. No permitamos que los constituyentes definan nuestro futuro.
El destino lo construimos nosotros.