Las
diferencias marcadas en cómo se envejece estando en una sociedad o en
otra, es parte de las asimetrías que apuntan a las grandes desigualdades
sociales en las diversas regiones del mundo.
Ciertamente,
Chile no está en aquel grupo de países que el envejecimiento se asocia a
calidad de vida y dignidad. Los candidatos de primera vuelta y los del
balotaje tienen algo en común: han reducido el problema de la vejez a
pensiones, variable que sin duda es gravitante al momento de visualizar
un camino que entregue aportes económicos a millones de chilenos.
Nuestra
realidad nacional es paradojal, por una parte, los logros económicos y
socio-sanitarios alcanzados colocan a Chile entre los países de altos
ingresos, pero, por otro lado, persisten importantes desigualdades en la
distribución del ingreso, lo que impacta negativamente en los
indicadores de salud y calidad de vida de las personas mayores. Sin
tener a la vista la desigualdad persistente que existe en el país, la
condición de vida de la población adulta mayor no puede entenderse y
menos diseñarse políticas públicas en torno a ella.
La
cifra de personas sobre los 60 años está cercana a los 3 millones de
personas. Un porcentaje no menor de ellas vive en condiciones de alta
vulnerabilidad social, no solo por aspectos de derivados de pensiones
indignas, también lo son producto de que un porcentaje importante de
ellos viven en el abandono, soledad y sufriendo maltrato. El abandono
severo para este sector de la población alcanza al 4 % del total. Son
más de 200 mil adultos mayores que viven en la pobreza y cerca de la
mitad en la indigencia absoluta.
Las
grietas de este envejecimiento en pobreza se han hecho más evidentes en
pandemia, por hacer más visible aún la exclusión en la que están y, por
ser una categoría de población altamente afectada por las consecuencias
fatales del COVID – 19. Hasta mediados del 2021 la cifra de adultos
mayores fallecidos ascendía a 7.240. Esto significa que, a pesar de solo
representar el 16% de los casos de contagio, acumulan casi el 84% de
las muertes por COVID-19.
La
ausencia de protección social adecuada, la estigmatización etaria y el
bajo reconocimiento real de las personas mayores como sujetos de
derechos, se ha agravado en forma exponencial con el confinamiento.
Vivir
y morir en soledad en la vejez constituye una doble exclusión que
existe con un alto grado de invisibilidad en las políticas públicas.
La
soledad en adultos mayores es un asunto de salud pública que si bien se
puede observar y analizar desde la individualidad, constituye ante todo
un problema público. Cuando las redes de inclusión y de participación,
convivencia familiar y comunitaria desaparecen o bajan en densidad es
necesario generar mecanismos operativos que vayan en la dirección de
reestablecer sistemas de soporte social bajo una óptica de
intervenciones públicas integrales.
Sería
desafiante para el país escuchar de parte de los candidatos alguna
propuesta estratégica que permita abordar el envejecimiento de nuestra
población como un tema país. Y que de ello se deriven lineamientos para
diseñar políticas públicas sistémicas e innovadoras que, acompañadas de
arreglos y desempeños institucionales con una fuerte dosis de enfoque
territorial descentralizado pueda abordar con efectividad tal urgente
problemática.
Mientras
no abordemos esta realidad bajo un enfoque de derechos, no podremos
abordar integralmente una realidad que no ha sido asumida como política
de Estado en nuestro país.