Tras
ocho días de búsqueda, el jueves fue encontrada sin vida y mutilado el
cuerpo de Ámbar Cornejo, de 16 años. El hallazgo ocurrió en la casa de
Hugo Bustamante, la pareja de la madre de la adolescente y quien está
imputado por homicidio calificado.
El
delincuente fue condenado en 2005 a cumplir una pena de 27 años por el
asesinato de su entonces pareja Verónica Vásquez y Eugenio el pequeño
hijo de ella (de 9 años). Ese horrendo doble crimen ocurrió en enero de
2005.
A
menos de un año de estar en prisión, el periodista Carlos Pinto
entrevistó a Bustamante y el asesino reconoció que podría volver a
cometer un crimen: “No podría decirle no, es imposible que volviera yo a
vivir una situación tan parecida. Pienso que no, pero también digo
bueno, en un momento determinado exploté de esta manera, si frente a
ciertos tipos de situaciones ¿explotaré nuevamente?”, fue su reflexión
ante las cámaras de TVN.
Sin
embargo, en abril de 2016 se le otorgó la libertad condicional, tras
cumplir sólo 11 años de condena. El beneficio se lo otorgó la Corte de
Apelaciones de Valparaíso. En esa fecha hubo una liberación de 788 reos
de la cárcel porteña, al ser aprobadas el 90% de las solicitudes.
Desde
el 29 de abril de 2016 Bustamante se encontraba libre, pese a que
Gendarmería había recomendado no concederle dicho beneficio.
La
resolución fue adoptada por la Comisión de Libertades Condicionales de
Valparaíso, encabezada por Silvana Donoso, nombrada como ministra de la
Corte de Apelaciones por la Presidenta Michelle Bachelet en 2015 (ver documento adjunto en papel digital).
Esta instancia también fue integrada por Paula Ramos, Alonso Arancibia,
Loreto León, Eduardo Saldivia y Verónica Barrera. En octubre de 2016
Donoso señaló por qué, en algunos casos, no se acogieron las
recomendaciones de Gendarmería. “Cualquier informe que emita Gendarmería
no es vinculante para la comisión (…) Los informes que eran
desfavorables, eran desfavorables porque todavía no tenían bien
conciencia de lo que iban a hacer en el medio libre, que no tenían
grandes redes familiares, no dicen relación con los requisitos legales.
Gendarmería puede dar su opinión en términos que a su juicio la persona
todavía no se encuentra bien preparada”.
Las
reacciones en las últimas horas han sido condenatorias para lo ocurrido
e incluso a Bustamante debió ser trasladado a la Cárcel de Alta
Seguridad (CAS) en Santiago para mantenerlo en aislamiento total a la
espera de su reformalización de mañana.
¡Chile está indignado!
Los
integrantes de la Comisión de Libertades Condicionales se ciñeron al
pie de la letra de la ley (DL 321) vigente en ese entonces: que todos
quienes registraran buena conducta y tuviesen la mitad de la pena
cumplida podrían acceder al beneficio. Dejando de lado todo criterio,
porque Bustamante no cumplía el segundo requisito, pero jugaba a su
favor un decreto que fijaba la posibilidad de conceder la libertad al
cumplir 10 de 20 años de presidio.
Sin
embargo, había un informe de Gendarmería que no recomendaba la entrega
del beneficio a Bustamante, a quien calificaban como un “interno que
requiere intervención y un mayor período de observación
intrapenitenciario, ya que las variables sicosociales determinan un
pronóstico incierto”.
Sin criterio
En
2016, la situación generó revuelo mediático y preocupación en el
Congreso, donde incluso el entonces presidente de la Comisión de
Constitución del Senado, Pedro Araya, ofició y citó al entonces
presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, para conocer los
criterios que primaron al momento de conceder las libertades.
Sin
embargo, el titular del máximo tribunal consideró “no pertinente”
acudir al Congreso, argumentando que el sistema de otorgamiento de las
libertades condicionales se realizaba de acuerdo al marco legal.
En
esa oportunidad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidió
no cuestionar la figura de la libertad condicional, destacando que por
más de 90 años ha estado presente en el ordenamiento jurídico chileno.
El
INDH, otro organismo del Estado, goza hoy de un alto desprestigio por
estas mismas acciones. Muchas veces en vez de proteger los derechos
humanos se dedican a proteger a delincuentes y asesinos.
Con
esas libertades condicionales, el Poder Judicial se salió con la suya y
no aceptó cuestionamientos del Legislativo. Pero lo más preocupante, el
Poder Ejecutivo liderado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet
no dijo nada.
Bustamante
quedó libre y los últimos días son historia conocida. “El asesino del
tambor” volvió a actuar de idéntica forma a como lo hizo en 2005.
Omisiones
presidenciales
Los
mandatos presidenciales de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y
de Sebastián Piñera (2010-2014) y 2018 a la fecha son responsables de
muchos aspectos que involucran la muerte de Ámbar Cornejo.
Durante el primer mandato de Bachelet
se hizo hincapié en una fuerte modernización al sistema penitenciario
en Chile y muy poco de eso se hizo. Para nadie es un misterio que un
delincuente no tiene rehabilitación en nuestras cárceles. El mejor
ejemplo de ello: Hugo Bustamante.
En
2012, durante el primer mandato presidencial de Sebastián Piñera, a
través de la Ley 20.587, se modificó la norma que regula la libertad
condicional y eliminó la potestad del Gobierno, a través de los seremis
de Justicia, de aprobar o rechazar este beneficio, por lo que la
responsabilidad de ello es exclusiva del Poder Judicial, a través de la
correspondiente Comisión de Libertad Condicional.
Nuevamente el Poder Judicial, fuertemente cuestionado en nuestro país, pasaba por encima de un Mandatario y ¿qué dijo Piñera?
Durante
los gobiernos de Bachelet fueron muchos los cuestionamientos a las
políticas del Servicio Nacional de Menores (Sename) y allí radican las
problemáticas de hogares mal constituidos como el de Ámbar Cornejo. Ni
los recintos penitenciarios ni el Sename han sido las prioridades del
Estado de Chile durante las últimas dos décadas.
No se ha hecho nada
Y quien lo niegue, es porque quiere tapar el sol con un dedo.
A
comienzos del presente mandato de Piñera hubo un fuerte compromiso con
los menores. De hecho el primer día se dijo: “Los niños primero”. Y ¿qué
resultados tenemos en poco más de dos años?
Ni
en Bachelet 1, ni en Piñera 1, ni en Bachelet 2 se pusieron
restricciones a las libertades condicionales, solo el año pasado se
estipuló que quienes quieran optar deben haber cumplido al menos la
mitad de la sentencia.
Otro
grave problema es el criterio, el juicio o decisión con el que actúan
los personeros del Poder Judicial. Se utiliza un descriterio basado en
la ley. Por ejemplo, la jueza Silvana Donoso, respecto de la libertad
otorgada a Bustamante, señaló que “esto no es un beneficio, sino que un
derecho que expresa la ley”.
Un
beneficio para un doble asesino que hacía unos años había adelantado en
entrevista con TVN que podría volver a cometer un crimen tan horrendo
como los dos perpetrados en enero de 2005. Por ello el diputado de RN,
Andrés Longton, presentará una acusación constitucional en contra de la
jueza.
Hoy
en Chile estamos en frente de una nueva camada de integrantes del Poder
Judicial comprometidos políticamente y eso le está haciendo un enorme
daño a nuestro país, porque se privilegia el libertinaje, la
destrucción, el vandalismo, la delincuencia, el narcotráfico y en eso
también son cómplices Bachelet y Piñera, quienes no han exigido que las
instituciones funcionen.
Siempre como eslogan de campañas señalan que se va a terminar con la delincuencia y al poco tiempo de que asumen nos damos cuenta de cómo fuimos engañados.
Acá
también algo deberán decir las agrupaciones feministas respecto de la
complicidad de la madre de Ámbar Cornejo, Denisse Llanos.
Todos los chilenos esperamos un mea culpa del Poder Judicial y del Sename, con tremendas responsabilidades al respecto.
Y
nuestros presidentes: Bachelet y Piñera, quienes están en deuda con la
ciudadanía porque podrían haber intentado derogar algunos beneficios que
son mal otorgados a delincuentes como Bustamante, pero ni siquiera hubo
intentos.
¿Qué
nos hace pensar esto? Que definitivamente estamos perdiendo la batalla
contra la delincuencia y nuestros gobernantes son cómplices pasivos.