El
13 de marzo próximo, caduca el estado de catástrofe impuesto a
propósito de la llegada de la covid19 a nuestro país. Gracias a la
declaración de esta excepción constitucional en conjunto con otras
normas jurídicas, el Estado chileno podía durante todo el año pasado
tomar control de clínicas, fijar precios de exámenes, restringir la
libertad de desplazamiento de los ciudadanos, recurrir a las Fuerzas
Armadas para mantener el orden de las ciudades, en fin, varias medidas
que la actual Constitución Política permite, a despecho de quienes
argumentan que ella no permite al Estado cuidar de sus habitantes en
casos de extrema necesidad como la que estamos viviendo. La compra de
millones de vacunas contra el Coronavirus por parte del gobierno es un
mentis para quienes desde la izquierda hacían campaña diciendo que el
estado chileno es débil y “neoliberal”. Acá el Estado chileno de la mano
del gobierno, ha cumplido las expectativas que se tiene sobre las
autoridades, que sean proactivas, y que dispongan los medios para
resguardar la salud de los chilenos.
Tenemos
entonces que el gobierno desea prorrogar más allá del 13 de marzo
próximo el estado de catástrofe, lo que permite un mejor control de la
población para efectos de enfrentar la pandemia. Paradojalmente, la
oposición pone reparos a dicha declaración, travistiéndose y queriendo
dejar la apariencia que se preocupan de dar más libertades a las
personas. Y es paradojal porque cuando gobiernan, lo hacen en el sentido
de restringir las libertades de las personas, como por ejemplo,
queriendo que las gentes no puedan opinar sobre la historia del país de
acuerdo a su conocimiento y criterio; restringir las legítimas ganancias
de los emprendedores que les ha ido bien, subiendo impuestos y otras
cargas pecuniarias; promoviendo desde el Estado visiones particulares
sobre temas sensibles como la sexualidad, infancia, matrimonio, etc. A
mi parecer, es aún necesario continuar con el estado de catástrofe, pues
permite un mejor control para efectos de evitar reuniones masivas de
personas que faciliten la transmisión del virus, y poder disponer si el
caso así lo requiriera, de recursos públicos y privados para el combate
de la enfermedad.
No
obstante lo anterior, cuando el Estado está presente en demasía en la
vida de las personas, tiende naturalmente a restringir el bien más
valioso que tiene después de la vida, que es su libertad. Si dada las
circunstancias sanitarias actuales es necesario que el aparato público
tenga mayor presencia, debe ser sólo de manera excepcional y restringido
a ese ámbito. Por eso el título de estas líneas, pues siempre debe ser
una excepción la intromisión del Estado en la vida de las personas;
somos los seres humanos libres, capaces de desarrollar nuestros propios
proyectos de vida, respetando siempre a los demás y a la sociedad en la
que vivimos. Que la vigorosa actividad del Estado a propósito de esta
pandemia, no sea una excusa para ampliar su ámbito de acción, bajo
pretexto de cuidar a las personas. Piénsese en cómo es el Estado en
relación a la libertad de sus habitantes, en las grandes potencias
mundiales. Es altamente peligrosa la idea de que el Estado es un ente
bondadoso y fuente de bien común, pues la historia y el presente enseñan
que mientras más poderoso y efectivo es el Estado, es más peligroso
para la vida, la libertad y seguridad de las personas.