Estos tiempos marcados
por el riesgo global y sus impactos en los sistemas sociales han
reafirmado diversos supuestos respecto a las fortalezas de las
capacidades institucionales de los países para responder con cierto
grado de efectividad a escenarios turbulentos. Hemos observado, por
ejemplo, que no todos los gobiernos han actuado con liderazgos
proactivos y que hay una asimetría muy importante entre los estados para
dar respuesta eficaz a la contingencia. Es probable que la perspectiva
del tiempo permita realizar una evaluación más completa sobre la
actuación de los gobiernos ante la pandemia y, desde allí, poder
establecer aprendizajes que permitan no solo dimensionar la importancia
de la gestión de riesgos, sino especialmente generar modelos de gestión
estratégica que permitan planificar y reducir la complejidad de la
incertidumbre. En tal sentido, se hace evidente, por ejemplo, que en
nuestro país las instituciones públicas requieren una profunda mirada
prospectiva de su quehacer. Las evidencias que ha generado la actuación
de los sistemas públicos en el país nos permiten advertir algunas
cuestiones que no deben ser obviadas ni minimizadas al fragor de la
coyuntura electoral. Más bien son esenciales para los debates necesarios
que deben caracterizar los tiempos venideros. En primer lugar, la
fuerza de las circunstancias vividas nos ha permitido reafirmar la
noción de que el Estado cuenta. Los sistemas públicos han estado
cumpliendo un rol fundamental en la tarea de mitigar y enfrentar con
ciertos grados de éxito la pandemia. Ello, a pesar de diversas
problemáticas asociadas a históricos déficit en sus procesos de gestión,
financiamiento y recursos humanos. En segundo lugar, se ha ido
recuperando la noción de un grado de centralidad del Estado que es
necesario revisar y adecuar a las complejidades sociales del tiempo
actual. El Estado ya no puede volver a la normalidad pre-Covid, ello
significaría no abordar la urgente necesidad de plantearnos, como
oportunidad, realizar un cambio profundo en las culturas
organizacionales instaladas y en las estructuras de poder que desde hace
tiempo están limitando la innovación. Una nueva centralidad implica
lograr una robustez para la innovación y no un mero crecimiento
exponencial de la burocracia. En tercer lugar, esta innovación debe ser
de carácter anticipatoria, entendida como aquella que explora y se
implica en cuestiones emergentes que pueden dar lugar a futuras
prioridades, y tiene frecuentemente el potencial de subvertir los
paradigmas existentes (OCDE, 2020). Sostener que la modernización del
Estado puede complementarse por la vía de amplificar en forma sostenida
el gasto público sin una potente innovación orientada a la mejora y a
una robusta capacidad anticipatoria, es una receta probada para lograr
ineficiencia en el gasto y con ello no resolver problemas de fallas de
mercado y de equidad. Lograr un nuevo modelo de gobernanza pública para
los tiempos de incertidumbre es un desafío de envergadura, el cual no se
puede abordar en forma satisfactoria mediante fórmulas gastadas, como
reducir el Estado a su mínima expresión, o generar inestabilidades del
sistema con cargo a los recursos fiscales.
El
Estado cuenta, por ello los cambios a introducir en la deriva pública
deben ser concentrados y reflexivos con sentido prospectivo.