Hemos
llegado al final de un camino que prometió transversalidad, diálogo,
altura y criterio político para el nuevo constructo constitucional, una
propuesta que estuvo marcada por incertidumbre, esperanza y alternativa
jurídica con relación al primer plebiscito de salida experimentado. Este
17 de diciembre, Chile se somete por segunda vez al escrutinio de los
sufragios que buscarán dirimir una tensión que ha dejado más de una
huella en el imaginario histórico del país. De ahí que mi columna de la
semana se titule; “El fin de una lucha: ¿A favor o en contra?”.
Primero,
recordemos que a finales del año 2019 Chile vivió una profunda crisis
política dadas las demandas sociales, alza en el precio del transporte y
ausencia de políticas públicas por parte del gobierno, un espacio
inscrito en la violencia, saqueos, protestas y una serie de
movilizaciones ciudadanas. El gobierno no fue capaz de restablecer el
orden público, quedando un espacio y patrimonio público debilitado tras
la constante mutilación suscitada. Así, llegamos al denominado Acuerdo
por la Paz Social y Nueva Constitución, una especie de salida frente al
malestar social. El proceso que Chile enfrentaría se conoce como proceso
constituyente post-soberano, es decir, promovido en democracia y
elaborado bajo un conjunto de actores que en ningún caso pueden
atribuirse el ejercicio exclusivo de soberanía. Ahora bien, la historia
de este primer intento ya es conocida, después que un 78% del electorado
se manifestara a favor y en apoyo hacia el proceso constituyente, entre
paréntesis, el resultado fue un fracaso indiscutido. ¿Cómo se presenta
la propuesta constitucional este domingo 17 de diciembre? ¿Realmente
pretende unir a todos los chilenos y servir como punto de encuentro? Las
encuestas muestran una visión negativa de la Convención y su trabajo
desarrollado, claro, con matices, pero en ningún caso con un acuerdo
absoluto, si alguien pretendía aquello, claramente fue síntoma de utopía
y pulsión romanticista.
Segundo,
un detalle no menor es que llevamos 4 años desde que se decidió
instalar una alternativa a la constitución vigente, periodo
significativo que, hasta ahora, solo alberga ensayos constitucionales
“similares” a los del siglo XIX, en otras palabras, un proceso marcado
por las frases de “prueba y error”. El Centro de Estudios Públicos (CEP)
a través del estudio “A favor, en contra e indecisos en el plebiscito
constitucional de diciembre 2023. Un análisis de la Encuesta CEP 90”
indican que la justificación general de la opción ‘a favor’ sostiene que
la Constitución actual necesita un cambio, la de la opción ‘en contra’
expresa disconformidad con el proceso y las propuestas constitucionales,
mientras que en los indecisos se dividen en dos grupos: uno en el que
argumenta falta de información y otro rechazo a la política. El CEP
justifica las variantes estudiadas señalando lo siguiente: “En su
versión 90, la Encuesta CEP ha consultado a la población, entre el 24 de
septiembre y el 2 de noviembre de 2023, sobre su opción en el
plebiscito. Los resultados arrojan un 8% para la opción ‘a favor’, un
30% para la opción ‘en contra’, un 53% de personas que aún no deciden su
voto y un 9% de individuos que no sabe o no contesta la pregunta.
Adicionalmente, la encuesta ha formulado preguntas abiertas sobre la
justificación de la opción de voto de los entrevistados, las que son
respondidas libremente por ellos con las razones principales de su
inclinación”. Las encuestas son números, variables y parámetros
metodológicos de corte cuantitativo, no cifras finales y absolutas de la
muestra examinada. La realidad de la opinión y sufragio social estará
plasmado en las urnas, no en los datos acuñados por think tank de un
sector político especifico, tampoco de un centro de investigación, los
votos versan en la experiencia y criterio de cada individuo de la
sociedad civil, no exclusivamente en ideas propiciadas por políticos,
analistas, expertos, académicos y otros.
Tercero,
el proceso constituyente podría terminar este domingo para un sector de
la población, o bien, construir la pretensión de iniciar un nuevo
proceso constitucional en los meses a posterior. ¿Qué hay detrás de todo
esto? ¿Cuál es la motivación por insistir en una Constitución “que nos
una a todos”? Me parece que las palabras de Cristóbal Belollio, Javiera
Parada y compañía, no hacen más que instaurar un discurso utópico al
esperar que “la constitución nos debe unir a todos los chilenos”. Por
definición, la constitución norma a un país, por tanto, el objetivo no
radica en garantizar derechos como sinónimo de avance de bienestar,
todos sabemos que el acceso y mejora en la calidad de vida de las
personas se da por el crecimiento económico de un país, acceso al
consumo y políticas públicas que eleven nuestra sociedad y desarrollo
humano, en ningún caso, esto pasa por escribir acciones que
obligatoriamente dependen del factor monetario, distribución del capital
y modernizaciones geopolíticas. Hasta ahora, de ganar el a favor o el
en contra, no solucionará en nada la calidad de la salud, educación,
pensiones y sensibilidades sociales, ya que todo ello puede ser suturado
a la brevedad con voluntad política y esfuerzo parlamentario, sin duda,
esperanzas complejas dado el constante discurso economicista de la
derecha más radical y las utopías abrazadas por las izquierdas más
radicales de nuestro país. El voto es personal, en conciencia y
responsabilidad cívica, por tanto, los resultados son la única voz
autorizada para responder a nuestra premisa enunciada, “El fin de una
lucha: ¿A favor o en contra?”.