El
Presidente Boric fue electo, en parte, gracias a la presentación de un
ambicioso -pero difícilmente concretable- plan de gobierno. Las
expectativas de la ciudadanía, hasta ahora incumplidas, nos recuerdan
que gobernar es complejo. Ello, debido a que los gobiernos se ven
enfrentados a restricciones presupuestarias, a la obligación de
priorizar y a negociar para que sus proyectos se conviertan en ley.
Por
dicha razón, es preocupante el retraso en la presentación de una de las
reformas más esperadas por los chilenos: la reforma de pensiones. Y es
más preocupante todavía al constatar que llevamos décadas con un
diagnóstico técnico contundente sobre los problemas de nuestro sistema
de pensiones (comisiones Marcel -2006 y Bravo -2015-) y que la coalición
de gobierno -ayer oposición- dilató y se negó a legislar la propuesta
presentada por el ex Presidente Piñera, la cual pretendía resolver
eficaz y sosteniblemente el problema previsional. Su actitud,
lamentablemente, estuvo lejos de estar a la altura de una buena
oposición: la postergó, aun cuando era consciente de que el problema
solo se agravaría; e ignoró las importantes concesiones que se
realizaron.
Por
lo mismo, debemos identificar las razones por las que las pensiones
actuales son -por regla general- insuficientes. Este ejercicio, por
cierto, es clave pues es la única forma de determinar si la reforma
prometida por el gobierno solucionará o no los problemas de fco es
claro. Primero, la tasa de cotización es baja (el 10% actual es
insuficiente y bajo en comparación con la tasa aplicable en los países
que proporcionan mejores pensiones). Segundo, tenemos un problema con
las frecuentes e indeseadas lagunas previsionales, situación que se debe
abordar fortaleciendo nuestro mercado del trabajo y combatiendo la
informalidad. Tercero, los salarios son insuficientes,
problema que exige crecimiento económico. Y, por último, el aumento de
la esperanza de vida junto a la no postergación de la edad legal de
jubilación. Estas razones derriban un mito: la responsabilidad no es de
la AFP. Por el contrario, estas se han limitado a cumplir con su mandato
legal, buscando -y consiguiendo- altas rentabilidades para sus
afiliados; y han protegido los ahorros de los chilenos, tal como el país
comprobó con ocasión de los retiros de pensiones.
Teniendo
claro el diagnóstico, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los lineamientos
del proyecto que presentaría el Ejecutivo? La principal modificación
sería un alza a la tasa de cotización obligatoria, lo cual constituye
una buena noticia. Ahora bien, un problema relevante es que el aumento
de la cotización no iría a parar a las cuentas individuales de cada
afiliado al sistema. Por el contrario, iría destinado íntegramente a
reparto. Ello exige, por una parte, reflexión a propósito de los
potenciales efectos indeseados en el mercado laboral. Y, por la otra, se
debe tener presente que múltiples países han revisado sus sistemas de
pensiones para enfrentar los desafíos demográficos. En efecto, la
transición demográfica ha hecho que el financiamiento de los sistemas de
reparto sea complejo, por lo que varias naciones han debido financiar
sus déficits a través de la inyección de recursos públicos. Chile debe
considerarlo pues tiene bajos índices de natalidad y una creciente
esperanza de vida.
Esta
reforma es urgente. Los técnicos hicieron su parte y los políticos -por
años- han estado al debe. Llegó el momento que el Presidente gobierne y
presente su reforma de pensiones. No hay excusas para retrasar más el
debate. Llegó el momento de alcanzar acuerdos amplios, técnicos y sostenibles.