En
la misma semana que se estrenó el reality show “Gran Hermano” en Chile,
el gobierno ha decretado la creación de una comisión para la
“desinformación”. George Orwell en su libro narra sobre un mundo
distópico donde un partido único, y a través del Estado, busca ejercer
un control absoluto sobre las decisiones de los ciudadanos por medio de
la censura, la vigilancia constante y tergiversación de la información.
Este ente controlador es llamado “El gran hermano”, de aquí el nombre
del programa.
En
el texto mencionado, el autor quería advertirnos sobre la importancia
de la información y la protección de la verdad, y advertirnos de los
riesgos que tiene el que una figura autoritaria concentre los medios de
comunicación o sea capaz de decidir lo que es la verdad oficial y lo que
no lo es.
En
base a esto, pareciera que esta lección no ha sido recibida por el
gobierno, quienes han decidido que la comisión contra la desinformación
sea conformada por 9 personas que en su totalidad serán designadas por
quienes hoy gobiernan, sin contrapesos ni quien los controle. Es decir,
con un sesgo claro hacia las ideas de quien es presidente, y de esta
forma tendrá la función de proponer políticas públicas para reducir los
efectos asociados entre desinformación y democracia. ¿Qué tipo de
políticas públicas podría proponer? ¿Es posible que sugiera algún tipo
de censura? De ser así ¿Sería legítima su implementación?
Tal
vez, para entender porque se ha llegado a la creación de esta comisión
es necesario recordar que existe un sector que ha culpado
sistemáticamente a la desinformación por las grandes derrotas
electorales del último tiempo. Sin ninguna autocrítica han decidido
salir a dar giras internacionales apuntando con el dedo a las noticias
falsas tachándolas como las verdaderas culpables de que la propuesta de
constitución fuera rechazada por más del 60% de los votos. Hay quienes
en ningún momento se han cuestionado si el texto era realmente malo.
Sin embargo, seríamos ingenuos si solo nos conformamos con esa
explicación, es bien sabido que el expresidente Salvador Allende intentó
estatizar el papel periódico, buscando tener un control de estos
medios. Y es que la constante preocupación por tener controlada la
libertad de expresión es parte ya del ADN de una parte de nuestra clase
política, que ve en las disidencias discursivas un peligro para su
gobernabilidad y agenda ideológica. Por esto es preocupante ver cómo se
promueven políticas públicas que avanzan en la limitación de libertades
individuales con la excusa de un bien mayor. La realidad es que nadie
puede ser erigido como un guardián de la verdad, mucho menos una
comisión con claros sesgos.
La
libertad de expresión es un derecho primordial para la preservación de
la democracia. Y esta libertad debe ser lo más amplia posible. Debe ser
acompañada de responsabilidad por parte de quien hace uso de esta, pero
no debe existir censura previa ni coartar en pos de otros fines que no
sea la preservación de la vida. Nadie es dueño de la verdad, y si bien
es importante promover el criterio de quien consume medios de
información, no se debe buscar limitar a estos, pues en el camino
podríamos terminar callando identidades y opiniones que merecen ser
expresadas.