Aparte
de la enorme brecha comunicacional entre quienes apostaban al Rechazo
para Reformar y los simpatizantes del Apruebo, el proceso plebiscitario
del 25 de octubre pasado acarreaba otra singular desproporción para
quienes estamos por primera vez en estas lides. ¿Por qué no decirlo?:
Una singular diferencia para gastos en campaña que, siendo legal, parece
no tener justificación en la actual situación del país.
Para
conocimiento de mis lectores, debo señalar de manera simple que el
Servel autoriza a cada candidato o partido político un monto tope de
dinero para financiar campañas políticas. Estas sumas son por candidato y
son realmente abismantes: En Magallanes el tope máximo que puede gastar
un candidato es de $ 88.406.637.- La suma se incrementa en la medida de
que los distritos tengan más electores y es así que, en los de la
Región Metropolitana y otros, estos ascienden hasta un total de $
468.847.550.-, POR CADA CANDIDATO. Si estimado amigo, leyó bien.
El
mismo sistema ha establecido un mecanismo para participar en el proceso
y nos encontramos con que algunos de los partidos políticos, que solo
tuvieron que inscribir sus listas de candidatos, reunirán una cantidad
indiscriminada de recursos de donantes particulares (encubren los
aportes de las empresas) para lograr ese financiamiento y posicionarlos
con miras a que sean electos.
La
lucha por los votos, entonces se traduce en la cantidad de veces que el
postulante ocupa medios de comunicación, paga para que se le hagan
entrevistas, confecciona cantidades aberrantes de afiches, “palomas” y
toda la oferta del mercado del marketing y luego la contratación de
brigadistas.
La
situación de los postulantes independiente está en el pie de una
altísima montaña, pues salvo casos contados, la mayoría no cuenta más
que con sus propios recursos. Si pedir que firmen nuestros patrocinios
fue complicado, pedir apoyo económico para ayudar a financiar la campaña
resultará una molestia, a pesar de que el desafío emprendido es para
beneficio de la comunidad.
El
mecanismo que se debe ocupar es a través del Servel que controla los
gastos y que impedirá el mal uso de recursos, impidiendo que algunos
autofinancien toda su campaña. El procedimiento espanta a quienes
queriendo ayudar no están acostumbrados a realizar malabares
administrativos. En fin. Es un tema complejo frente a la profusa
propaganda partidaria que pululará y que eclipsará a la ciudadanía y
donde los de menos recursos apenas se notarán. Los partidos los
promocionarán junto a concejales y alcaldes y allí se aliviarán un poco,
pero ¿y los demás?: será con ahorros, con créditos bancarios o los
aportes voluntarios de amigos.
Si
ya la danza de miles de millones de pesos que el Estado, a través del
Servel, deberá reembolsar a los partidos y candidatos resulta
impresionante, el proceso resulta agraviante a la conciencia de muchos
millones de personas que no tienen para aportar ni $ 1.000.- para su
candidato. Ojo con el exceso de propaganda de algunos que puede ser
insultante a la conciencia social. Los ciudadanos deben tener la debida
claridad para descubrir el verdadero objetivo detrás de tanto
posicionamiento que se contrapone al cambio que se quiere construir.
Nuestra
campaña está consciente de esta realidad y será austera, por lo que
pido a cada uno de mis adherentes sea un repetidor y como un efecto
multiplicador llegar a todos los sectores de nuestra región.