En menos de un mes hemos conocido de la formalización de la investigación por apropiación indebida de imposiciones previsionales del alcalde Claudio Radonich Jiménez y de don Segundo Álvarez Sánchez como Secretario General, de la orden de arresto por el no pago de un crédito laboral en contra del alcalde de Puerto Natales Don Fernando Paredes, quien debe recurrir al crédito o leaseback para pagar un crédito laboral, y finalmente orden de arresto por no pago de prestaciones laborales en contra del alcalde de Timaukel. La verdad es que cuesta concebir un sistema más deteriorado de educación pública. Esto se originó en las reformas estructurales que se hicieron durante el pasado gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que ha sido un fracaso.
La desmunicipalización, no dejó de ser un saludo a la bandera y el clamor entre los trabajadores es que ésta ojalá no se realice, que se deje sin efecto, porque los Servicios Locales, todos sin excepción, están con tantos o mayores problemas económicos que las corporaciones y municipios bajo las cuales se prestó el servicio educativo. En definitiva, en aras de proscribir el lucro y garantizar un sistema reglado con mayores restricciones al gasto público se estranguló el sistema, se limitó al extremo la discrecionalidad de la Administración, en que el sostenedor dejó de ser propietario para transformarse en gestor de los recursos transferidos. O sea, antes podía disponer de ellos con la única restricción de prestar el servicio educativo y de allí se transitó a un modelo extremadamente reglado en qué so pretexto de un mayor control se ha logrado más burocracia, inoperancia e ineficiencia. En síntesis, el remedio ha sido peor que la enfermedad, y si recorremos Chile, nos encontraremos con el espectáculo que no son éstos los únicos alcaldes víctimas de detención o apremios por el no pago de deudas laborales o previsionales o de crédito sociales, sino que por el contrario, esta es la regla en un sistema desfinanciado en que además se compromete el prestigio y la honra de los principales actores públicos que aún permanecen a cargo de la administración. Resulta inconcebible que una reforma de esta magnitud no haya previsto las consecuencias de un traspaso profundamente desigual, realizado por etapas, ejecutado a medias, con profundas desigualdades, que no ha logrado sortear con éxito el periodo de transición. Cabe preguntarse, cómo es posible que una reforma que se hizo en aras de conseguir un sistema más justo e igualitario en la prestación del servicio educativo logró en tan poco tiempo concentrar el rechazo de todos los principales actores del quehacer educativo, los sostenedores, los trabajadores, los padres y apoderados que marcharon en Chile por continuar con el servicio particular subvencionado. ¿Acaso es preferible prohibir el lucro en aras de un sistema reglado que no ofrece resultados?, ciertamente un sistema de libertades tiene vicios y está expuesto al abuso y la mala administración, pero un sistema con regulaciones extremas y una subvención afectada con continuos beneficios sin financiamiento directo no es mejor. El resultado de la improvisación y un modelo donde no sé contempló oportunamente una efectiva contabilidad de costos y mecanismos de control acordes a un proceso de transición donde aún quedan muchos temas pendientes, como el traspaso del personal y bienes a los Servicios Locales, ha significado mayores costos que los sostenedores deben cubrir con recursos propios recurriendo a inmuebles destinados a satisfacer otras necesidades públicas como el Terminal de Buses de Puerto Natales. Agrava la situación un Gobierno y un Ministerio de Educación que no fue capaz de parar ni el traspaso ni de mejorar las condiciones en que éste se realizaría, lo que resulta del todo lamentable en un contexto donde el único énfasis parece ser jugarse por un pronto retorno a clases en la incertidumbre, la falta de financiamiento y de seguridades para todo el personal y usuarios del sistema. La quiebra del nuevo modelo es inevitable cuando ya no haya nuevos Terminales de Buses o inmuebles que comprometer para pagar las deudas, ni el leaseback los salvará de los mayores costos que impuso la regulación.