Una
de las vivencias más dolorosas que guardo en mi memoria, es la de una
marcha por la dignidad de la tercera edad, realizada allá por 1995.
Eran
los años noventa, Chile crecía como nunca antes en su historia a tasas
que hoy ni soñamos: 11% en 1992, 9% en 1995, 7% en 1997. Por todo el
país, miles de familias se alegraban de salir de la pobreza. Por
televisión veíamos a gente abandonar en caravana los campamentos con las
banderas chilenas flameando en lo alto y rostros plenos de una alegría
que hoy, en pandemia, demasiados ya olvidamos sentir.
Y,
sin embargo, esa tarde, aquellos ancianos caminaban con paso cansino
por una céntrica calle de Temuco, en demanda de mejores pensiones en un
gesto que era casi como una bofetada a la fiebre de consumo que prometía
la democracia recién recuperada.
Todos
ellos tenían pensiones muy bajas, pero muchos, demasiados, tenían
pensiones realmente increíbles: mil 200 pesos, 10 mil, 30 mil a lo más.
Recuerdo haber visto en televisión a un hombre que tenía una pensión de
12 pesos, sí, 12 pesos. “Esta es mi jubilación, es todo lo que recibo”,
dijo en voz baja a la cámara, mientras mostraba un papel que
probablemente era más caro que su “ingreso”.
Pero
no es lo que usted, seguramente está pensando. No eran pensionados de
nuestro actual sistema privado de pensiones, el Mercedes Benz ya a punto
de convertirse en chatarra.
No.
Aquellos ancianos, eran todos ellos jubilados del antiguo sistema de
pensiones estatal, el ya olvidado Servicio de Seguro Social.
Sí, hoy se llama IPS, tiene página
web y sus pensiones han mejorado. Y ahora muchos creen que el mejor
camino es estatizarlo todo, terminar con las AFP, nacionalizarlas,
erradicarlas y hacer que nos olvidemos de ellas en aras de la dignidad.
Pero creo que se equivocan, pues el camino al infierno, siempre está lleno de buenas intenciones.
Ah,
me dirá, había mucha gente que sí tenía muy buenas pensiones y, además,
gozaba de prestaciones de salud, educación y hasta facilidades para
adquirir una vivienda. Sí, es verdad. ¿Cómo olvidar a los afiliados a
las cajas, entre ellas la tan recordada Canaempu? En esa situación
estaban también los empleados públicos, trabajadores de ENAP y otras
empresas estatales, empleados bancarios, los profesores y muchos otros:
una parte importante de la clase media chilena del siglo 20.
Pero seamos honestos,
¿representaban ellos a toda la población?, ¿qué pasaba con el taxista,
el obrero de la construcción, la empleada doméstica, el almacenero de la
esquina, sus empleados?
No,
no la representaban y años después, muchos de ellos marchaban esa
tarde. En conjunto ellos tenían pensiones muy inferiores a las actuales.
Recuerdo
haberle preguntado a una seremi de Desarrollo Social, en esos años a
mediados de los 90, ¿cuál sistema era mejor para la mayoría? Y me
respondió, diplomáticamente, que para unos era mejor el antiguo, para
otros el nuevo, pero en conjunto no había forma de eliminar las AFP
porque ya en entonces se advertía que el número de trabajadores activos
no podría de ninguna manera financiar los sueldos de los trabajadores
pensionados.
No bastaba en el Chile de la época y menos bastará ahora, en el envejecido y destrozado Chile actual. ¿Me equivoco?
Miremos
a Alemania, uno de los países con los mejores sistemas de reparto del
planeta. La semana pasada, el economista Bernd Raffelhüschen, de la
Universidad de Friburgo, advirtió: “El sistema de jubilaciones se
enfrenta a un colapso inminente”. Y el responsable era precisamente el
cambio demográfico que vive el país con una población que envejece a
ritmo acelerado, publicaba Deutsche Welle.
Pero
la población chilena también sufre ese problema. En cambio, el colapso
de los sistemas de pensión estatales de Europa fue visto desde Chile con
una mezcla de arrogancia, fantasía y dogmatismo rayano en el fanatismo,
que ocultó bajo la alfombra los graves problemas del sistema actual.
En
las últimas décadas, muchas autoridades hicieron la vista gorda de
graves problemas sociales, mientras estaban en sus cargos, sólo para
irse a trabajar en las mismas empresas que, se suponía, debían
fiscalizar o prometían reformar. En el caso de las AFP, así como la
vetada senadora Ximena Rincón se hizo directora de Provida, muchos
personeros de la Concertación llegarían también a puestos claves en la
“industria” de las AFP, bloqueando durante años iniciativas que eran de
interés general, pero solo afectaban a las AFP.
Por
eso, cuando Bachelet crea las dos comisiones técnicas para afrontar el
problema sus diagnósticos son lapidarios: el sistema como está ya no da
para más, se viene un tsunami. Ambas comisiones técnicas descartaron el
sistema estatal por ser demasiado caro y el privado a secas por
insuficiente. En la práctica, gran parte de los pensionados ya está
viviendo hoy día gracias únicamente al sistema estatal y muchos más lo
harán tras el tercer retiro.
La
única salida entonces era un sistema mixto. Pero de paso, en medio de
la discusión de estas propuestas, la administración Bachelet aumentaría
la edad de cálculo de pensión hasta los 104 años, perjudicando así a
millones de personas, vía administrativa.
Estúpidamente,
la derecha rechazó la propuesta con la idea de presentar su propio
proyecto en el siguiente mandato, el de Piñera. A la postre ambos
proyectos el de Bachelet y el actual de Piñera, puntos más, puntos
menos, son casi iguales, mas todo parece indicar que su tiempo ya pasó.
Se
abre el camino, entonces, para una jubilación totalmente estatal, tras
la nacionalización de los fondos de pensiones, como ya proponen todos
los candidatos de Provoste a la izquierda.
¿Por qué si todos los estudios dicen que es inviable e insuficiente?
Qué
importa, si para los políticos, hoy más que nunca, la verdad es sólo un
instrumento para llegar al poder. En un sistema estatizado, la
jubilación no depende de la cuenta de ahorro individual, ni del trabajo
de las personas pero sí del Estado y de los políticos que lo controlan,
junto con la capacidad de presión social que puedan ejercer sobre él los
grupos de poder: organizaciones sociales, gremios y tantos otros. Serán
los políticos (y sus amigos), los que tendrán la sartén por el mango y
decidirán quienes gozarán de las mejores condiciones de jubilación, como
antaño con las antiguas cajas, mientras el resto que no puede
organizarse, ni entrar a sus redes, tendrá que aguantarse con lo que
ellos decidan.
Peor
aún y ojalá me equivoque. Cuando las cosas se pongan feas para los
gobiernos de turno y no quede dinero en las arcas fiscales por falta de
crecimiento (que para eso sí son buenas las AFP), ¿de dónde saldrá la
plata para detener un paro de profesores, camioneros, pescadores o
portuarios?… si la cosa está muy mal, no le quepa duda que ese dinero
saldrá de los jubilados y ahí olvídese de las promesas de que su ahorro
individual será respetado.
Pinochet
lo hizo en los 80, pero, no se engañe, se hace en todos lados,
incluidos los países desarrollados. También se hizo también ahora, en
pandemia, en Perú, Australia, Francia, Islandia, Portugal, España y
Estados Unidos. En este último junto a Finlandia, también se están
otorgando préstamos que salen desde los fondos de pensiones que son de
todos.
Y
mientras los constituyentes se preparan para definir el Chile del
futuro, y algunos hasta se dan gustitos como fijar condiciones para la
convención, son muchos los políticos que ya hablan de nacionalizar, o
sea estatizar las AFP, y se deleitan con el poder que les otorgará
acceder a los 195 mil millones de dólares (81% del PIB) que representan
los fondos de pensiones.
No sé si eso ocurrirá, pero me temo que sí y entonces los mayores beneficios no serán para nosotros, sino para ellos… Ojalá que entonces no seamos parte de una nueva marcha de los jubilados.