Hemos
visto en los últimos días un intento de aglutinar a un segmento de los
convencionales constituyentes en un sistema reactivo respecto de los
deberes que aceptaron asumir al momento de participar del proceso
electoral. Una acción que ha sorprendido a una gran parte de la
ciudadanía y que ha sido criticada desde diversos sectores por lo
errático del planteamiento, lo falaz de la estrategia y lo atentatorio a
la legitimidad que se persigue de algo que es importante para nuestra
sociedad.
La
ciudadanía se pronunció hace un mes sobre lo que espera del país,
eligió a los postulantes de acuerdo a las reglas que se hicieron y que
resultaron electos conforme al sistema de repartición existente. Fue tal
la dispersión de votos por las razones que tantas veces hemos
mencionado, que hizo que, en Magallanes, los que resultaron electos no
contaran con más del 10% de las preferencias totales individuales.
A
partir de ese dato, que resulta fundamental tener en cuenta, nadie
puede arrogarse una representatividad regional, porque el proceso no fue
para una acción parlamentaria, sino para una cosa específica que es la
redacción de la Carta Fundamental. Ese es el mandato de la sociedad y
los principios que defienda cada integrante, por más legítimos, extremos
o conservadores sean, deben estar en sintonía con lo que el contexto
requiere y no lo que alienten sus escasos votantes. Aquí no ganó una u
otra postura que se quiera imponer, sino la representatividad de mucha
gente, más del 75% de aquellos que les votaron, y esa es una cifra que
llama a la reflexión.
Los
constituyentes deben ser el reflejo de lo que se reclamó en las calles,
y para ello deben oír a las asambleas (no solo a la que los votó), sino
a todos los que esto les interesa y que, por muchas razones, no
participan de cónclaves, cabildos o reuniones de análisis y trabajo.
Entre ellos están las visiones de todos los que quedamos en el camino,
que tenemos opinión en esto y que significa obligarnos a no quedar
callados. Está bien que tengamos un proceso de aprendizaje para llegar a
lo que hemos denominado Democracia Participativa Directa, pero mientras
ello no ocurra, deben seguirse las reglas de lo que se apostó.
No
hay lugar a la política tradicional de la aplanadora de las ideas o de
la imposición a rajatabla de las propias, porque el mandato social es
muy sensible y nadie quiere desmerecer a nuestros representantes por
acciones o decisiones no consensuadas con la base o tomadas con la
emotividad del momento. Esto es serio.
Ahora
bien, en un proceso inédito como el que estamos viviendo no es malo
identificarse con algunas posiciones, pero no hay que dejarse llevar por
aspiraciones o enfoques personalistas de algunos líderes que quieran
apropiarse de la Asamblea, pues pueden afectar el resultado de lo que se
espera. La historia del mundo y la nuestra, en particular, nos enseña
que hay que cuidar los matices, pero principalmente el contenido de ese
mandato para no tornar en insustentable todo el esfuerzo que se quiera
realizar.
Estamos
dispuestos en apoyar las buenas ideas, mejorar las que tengan falencias
y discutir las que no nos parezcan. Será lo mismo que ocurrirá en el
hemiciclo, y las coincidencias no serán en bloque porque cada uno de los
participantes proviene de un mundo, segmento social, político o
regional distinto, y eso es lo que le dará sentido y legitimidad al
resultado esperado.
En
consecuencia, el llamado es a respetar el mandato y a oír las
indicaciones de los votantes, que son los que mandan, y eso es lo que no
se debe olvidar.