“A
veces escucho estas faltas de autoestima de que no estábamos preparados
y creo que es el Estado neoliberal el que no está preparado para
resolver los dolores ciudadanos” dijo hace unos días Diego Ibañez,
presidente del partido del Presidente Boric. La frase dice mucho sobre
el problema del actual gobierno y su forma de gobernar.
Como
respuesta a la autocrítica de dos alcaldes oficialistas, Ibañez, una
vez más, busca echarle la culpa al empedrado, diciendo que nuestro
modelo de Estado es incapaz de satisfacer demandas sociales. La
desafortunada explicación me recuerda la afirmación del Presidente
Boric, cuando aseguraba que el problema de la constitución que
rechazamos en septiembre era que iba “demasiado rápido” para Chile (en
lugar de reconocer que era un mal texto para el país).
Nuevamente,
la respuesta oficialista es evadir las crisis donde ellos participan,
como ocurrió con la reforma tributaria, que ni siquiera logró el 100% de
los votos en su propia coalición.
Si
bien lo más fácil es echarles la culpa a terceros o al modelo, la
información que tenemos a mano sugiere que el problema es el Gobierno y
su clara incapacidad para hacer una cosa: Gobernar. Lo paradójico es,
además, que para Ibañez, Boric y un sector del oficialismo, la cuestión
estructural es la que no permite avanzar hacia las “transformaciones
profundas” que buscan consagrar un estado de derechos (plural) que
quiere la ciudadanía. En este punto, hay que recordarle al honorable
diputado que esa agenda, era lo que él y compañía defendieron en el
proceso constituyente anterior y que terminó siendo rechazado por más
del 60% de la ciudadanía, en una votación histórica (tan histórico como
el descrédito de la Convención, cuya opción tuvo casi un 80% de las
preferencias en el plebiscito de octubre de 2020).
Aun
si este no fuere el caso, el diputado y su coalición debe al menos
observar la realidad y ver cómo es que el modelo ha permitido enormes
avances, con la existencia de un estado subsidiario (que permite una
colaboración entre el Estado y los privados).
Solo
mirando los últimos 30 años, en muchas de las áreas que parecen ser
clave para la provisión de garantías y mejor calidad de vida para la
ciudadanía, nuestro país ha logrado avanzar en: (i) Salud, a través del
Plan Auge (hoy denominado GES) y la Ley Ricarte Soto; (ii) Educación, a
través de un sistema de provisión mixta y políticas públicas como los
liceos de excelencia (que este Gobierno parece estar obsesionado con
terminar); (iii) Infraestructura, a través de un programa de concesiones
de obra pública y licitaciones, cuya mala ejecución en distintos
frentes terminó costándole al cargo al ministro anterior; y (iv)
Vivienda, con una política de subsidios habitacionales permitió bajar de
un 8% de la población viviendo en mediaguas a 1,4% 25 años después.
En
este escenario, la defensa de Ibáñez, en vez de servirle al Gobierno,
sólo evidencia su continua falta de comprensión sobre los verdaderos
problemas de Chile y lo que su ciudadanía demanda: un Estado capaz de
hacer frente a una crisis de seguridad sin precedentes y que dé las
herramientas para superar un mal momento económico (seguimos con una de
las inflaciones más altas de los últimos 30 años). Solo enfrentando
decididamente los problemas reales -y no los imaginarios- es que
podremos volver a ser líderes de América Latina.
En
este contexto, parece ser necesario que este nuevo proceso
constitucional se comprometa con la idea de que Chile y su futuro
necesita de reglas claras, gente preparada y un marco institucional
respetuoso del rol que puede jugar el Estado, privados y la sociedad
civil para satisfacer las demandas ciudadanas del Chile de hoy, un Chile
diferente al que Ibañez y el oficialismo tienen en su cabeza.