La
mayor crisis social y de violencia que me ha tocado vivir en Chile es,
sin duda, el estallido social. Fue una época en que, impunemente, se
saquearon supermercados y negocios, se quemaron estaciones de Metro,
iglesias, e infraestructura pública y privada (con daños por sobre los
3.000 millones de dólares, equivalentes a 1,5 veces el financiamiento de
la PGU en el año 2022). Regresaron los toques de queda. Hubo
enfrentamientos periódicos entre civiles y Carabineros de Chile, quienes
muchas veces -superados por las circunstancias- causaron daños a la
población, lo cual derivó en que personeros de organizaciones
internacionales como Human Rights Watch señalaran que “en Chile se
registraron graves violaciones a los Derechos Humanos”, aunque aclarando
que tales conductas no fueron sistemáticas.
Fueron
tiempos, sin duda, difíciles, que incluso me hicieron cuestionarme, por
primera vez en mi vida, si este era el país en el cual quería que
viviesen mis hijos (quienes luego serían, junto con el amor que tengo
por mi querida Región de Magallanes, la principal motivación para ser
candidato al Consejo Constitucional).
Si
bien las cosas algo se apaciguaron con el anuncio del “Acuerdo por la
Paz Social y la Nueva Constitución”, no fue sino hasta la llegada del
Covid-19 que volvimos a tener tranquilidad en nuestras calles (a pesar
de que no podíamos usarlas, producto de las restricciones sanitarias).
La
“chispa” que detonó el estallido social fue el alza de $30 en los
pasajes del Metro, duramente criticada por quienes hoy están en el
Gobierno, quienes en ese entonces justificaron la evasión de pasajes y
protestas a contar de las cuales se produjo una rotura en el tejido
social del país que, a mi juicio, aún no se repara y que espero no se
agrave a propósito de los 50 años del 11 de septiembre de 1973.
Esta
semana se anunció la primera alza de tarifas en el transporte público
desde el año 2019. El anuncio produjo, nuevamente, protestas de
estudiantes (a pesar de que el alza no afecta los pasajes escolares). Al
respecto, el nuevo Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que:
“hay una evaluación técnica que identifica la necesidad de establecer el
alza. No se hace por maldad (…) Tenemos contextos distintos”;
agregando “no estoy justificando la evasión del Metro, pero el contexto
es importante para entender este fenómeno. Una cosa es entender los
contextos y otra cosa es justificar lo que ocurrió. En 2019 había un
escenario y hoy hay otro.”
Las
declaraciones han sido duramente criticadas, pues llama la atención que
las mismas personas que estuvieron en contra de una determinada medida
hoy la estén avalando, sembrando la duda sobre si el “contexto distinto”
consiste en ser Gobierno en lugar de oposición. Algo parecido a lo que
ocurre con los casos de corrupción, las acusaciones constitucionales y
una larga lista de etcéteras.
Que
las políticas públicas y decisiones de las autoridades tomen en cuenta
su contexto me parece bien. El problema ocurre cuando los contextos se
convierten en oportunismo político, que es un vicio que ha afectado a
distintas oposiciones durante los últimos años, sin dejarnos avanzar
como país. Un problema que, en parte, puede resolverse mediante una
nueva constitución que se haga cargo del mayor problema que tenemos: un
mal sistema político.