Luego
de más de dos años y medio de tramitación finalmente es aprobado por el
Senado el proyecto de ley de usurpaciones, que establece sanciones más
estrictas
para el delito de ocupaciones de propiedades, terrenos o viviendas,
modificando así el Código Penal para castigar con penas privativas de
libertad al delito efectivo. Sin embargo, como era de esperar tras la
aprobación el Gobierno anuncia inmediatamente un veto presidencial.
La
oposición a su vez, manifiesta su descontento. El senador y presidente
de la UDI, Javier Macaya, denuncia que el gobierno, en cierto modo, se
pone del lado de los usurpadores y que el Estado no toma una solución al
problema. Agregando que se está desaprovechando la oportunidad de
ponerle la firma a la constitución que le va a dar estabilidad a Chile.
Sin
lugar a dudas se puede interpretar que al aplicar este veto el gobierno
del Frente Amplio no se pone del lado de las víctimas, de aquellas a
las que les usurpan sus casas, sus tierras o propiedades en forma
arbitraria. El tema es el origen de esos terrenos, muchas veces
obtenidos de manera poco transparente, más bien ilegal y deshonesta con
respecto a los ocupantes iniciales, los mapuches.
En
esa posición, las comunidades del Wallmapu rechazan categóricamente
esta Ley de Usurpaciones. Ellos siguen disputando sus territorios
ancestrales y la aplicación de esta ley buscaría poner fin
definitivamente a la demanda y a las movilizaciones perseguidas para
recuperarlas. A su vez, esta ley acaba por confirmar que el Estado
reconoce a los colonos, a las empresas forestales y privados a quienes
vendió sus tierras como los nuevos propietarios.
Por
otro lado, la manera de disputar se está escapando de los límites. Las
autotutelas ejercidas complican al gobierno, o más bien al Frente
Amplio, quienes quieren que estas entregas se haga por un conducto casi
natural y regular. Ellos al simpatizar con la causa mapuche no saben
diferenciar una protesta legítima de una usurpación o de conflictos
mucho más fuertes.
Este
gobierno se oculta en la escala de la izquierda tradicional, quienes ya
están familiarizados con el problema y saben que esta no es la forma de
llegar a una respuesta. Si bien, preferirían otros métodos, tienen que
salir a vetar la ley de usurpaciones y poner la cara por ideas que son
de otros.
De
este modo, el Frente Amplio no trae una solución pacífica en la
Araucanía al tomar estas decisiones, todo lo contrario. Y al final, como
esta disyuntiva no tiene lógica, nadie quiere negociar.
Hay
sectores que quieren una autonomía territorial que no van a obtener.
Exigen que se expulsen a los herederos legítimos de los terrenos,
aquellos que poseen un título de dominio de la tierra,
independientemente de los embelecos que hayan hecho sus antepasados.
Pero a su vez el sistema legal protege a estos últimos. Como el sistema
funciona así, el conflicto se mantiene sin una solución real.
Es
bien sabido que se produjeron un gran número de fraudes para la
enajenación y la usurpación de las tierras mapuches, que como
consecuencia ahora poseen los ciudadanos que se ven afectados, los
herederos de estos terrenos.
Por
los hechos de la pacificación de la Araucanía se hizo efectiva la
soberanía del territorio chileno, uniendo de esta manera el territorio
al norte del Biobío con los territorios al sur de Valdivia. Así las
cosas, a pesar de esta dolida pacificación lo ocurrido en este proceso
propicio el conflicto Mapuche y el gobierno de Chile que nos llega hasta
nuestra época.
Ahora
bien, como se arregla este problema. No es llegar y usurpar nuevamente
lo que era anteriormente su territorio. Para esto se necesita colocar
orden, establecer leyes para controlar la situación.
La
solución del gobierno es vetar esta iniciativa con un simple deseo
ideológico y romántico. Pero al mismo interior del gobierno, hay muchos
sectores del socialismo democrático que saben que es imposible de
resolver y solucionar de manera pacífica, porque no hay otro mecanismo.
No
podemos volver atrás la historia, no podemos quitar algo que quizá fue
mal habido para algunos, pero con el con el paso del tiempo y la
seguridad jurídica, aquellos son propiedad privada y el sistema los
beneficia.