La ministra de Cultura
ha despachado a las distintas secretarías de Estado un oficio que
contiene lo que denominan el relato oficial de la conmemoración de los
50 años del golpe. Se trata de un relato desprovisto de criterios
históricos elementales, como asimismo de la consideración razonada del
contexto nacional e internacional en que se verificaron los infaustos
acontecimientos de septiembre de 1973. Parece que el gobierno está
decididamente empeñado en impulsar una fenomenal operación de marketing
histórico, mediante la cual pretende construir un posicionamiento
destacado como baluarte de la defensa de los derechos humanos, lo que en
principio no debiera generar cuestionamientos.
El
problema es que dicha pretensión resulta completamente inconsistente
con la práctica política concreta de muchas de las autoridades que hoy
gobiernan. Además, no puede soslayarse el hecho de que en el trasfondo
de la conmemoración que está urdiendo el gobierno es fácil adivinar la
intención de conferirle una fuerza virtualmente canónica a la particular
visión con que las autoridades interpretan los sucesos de aquella
época, el relato oficial, relegando a un segundo plano político, moral y
cultural cualquier visión que se aparte de esa verdad oficial.
Habría
mucho que decir sobre este asunto; sin embargo, hay dos aspectos muy
llamativos que capturan la atención de cualquier observador. Uno se
refiere a que la generación que está gobernando ha dado muestras
reiteradas y a veces henchidas de infantilismo, de autopercibirse como
moralmente superior a las anteriores, incluso, curiosamente, a la que
padeció directamente, en la flor de la edad, los rigores de los
diecisiete años de dictadura y, en medio de la sofocante adversidad de
esa época, fue capaz de ofrecerle al país un camino pacífico de
recuperación de una convivencia democrática posible, digna y
esperanzadora. Cada cual se puede autopercibir como mejor le parezca,
eso es algo que surge de la propia conciencia; pero lo que se muestra
nítido e inobjetable es que la generación que hoy está en el gobierno ha
construido una subjetividad profundamente ideológica, afincada en un
relato que los hace sentirse tributarios de una épica que no conocieron y
de unas luchas que jamás libraron. Buscan ser herederos de generaciones
que enfrentaron la adversidad verdadera, que conocieron el miedo, que
tuvieron la entereza de vislumbrar un horizonte distinto, y que
ambicionaron sueños de sociedad evidentemente más estilizados que los
paquetes de reformas que hoy agotan toda la imaginación de los que están
instalados en el poder.
Por
otro lado, todo este revisionismo histórico centrado en la defensa de
los derechos humanos, pugna tercamente con los dichos y los hechos
concretos que han marcado la nobel trayectoria de muchas de las actuales
autoridades, puesto que hace pocos años alentaron la violencia,
estimularon la alteración del orden establecido, cohonestaron la acción
de forajidos y gamberros que le arruinaron la vida a cientos de
familias, pequeños emprendedores, trabajadores, empleados, estudiantes,
ancianos y niños; tuvieron incluso la demasía de pretender botar a un
gobierno elegido democráticamente, primero en las calles y después en la
componenda parlamentaria. Entonces, el problema, o al menos uno de los
problemas que el actual gobierno difícilmente podrá resolver, es que el
relato oficial que intenta establecer sobre los trágicos sucesos de
septiembre de 1973, adolece desde su mismo origen, irremediablemente, de
credibilidad.