Consolidada ya como una rutina el retiro del 10% por ciento de los fondos previsionales, cabe reflexionar cómo es posible que este
Gobierno, que representa la flor y nata del modelo neoliberal en su
versión más radical, que conduce el hermano del genio creador de esta
cuantiosa riqueza financiera, no previsional, haya incurrido en una
seguidilla de errores que lo condujeron a un desastroso desenlace.
Un primer hito lo constituyen
los primeros recursos de protección que interpuestos para obtener el
retiro de fondos previsionales, fueron rechazados por la Excelentísima
Corte Suprema, que estableció una jurisprudencia uniforme, en el sentido
que estos fondos tenían una finalidad específica de carácter
previsional, que les impedía a sus titulares disponer libremente de
ellos. Luego, vino un primer retiro, tramitado sin objeciones ni
requerimiento ante el tribunal constitucional, un segundo retiro que a
instancias del ejecutivo pretendió restablecer la iniciativa privativa
del presidente en estas materias, ahora un tercer retiro que sortea
dicha limitación y reconoce el derecho del Congreso, para mediante
reformas transitorias a la Constitución permite estos anticipos.
Lección, las prerrogativas se ejercen en su oportunidad, después es
demasiado tarde, ninguna autoridad o tribunal a estas alturas y en medio
de la crisis sanitaria estaba dispuesto a sufrir el escarnio público en
aras de la sagrada letra de la Constitución, máxime si al propio
presidente no se le percibió dispuesto a la muerte como Sócrates, para
defender la majestad de la ley, sino que en realidad su propuesta no
dejaba de ser un vulgar gallito con el poder real que ejerció sin
vacilaciones el Congreso, inclusive con el voto conforme de
parlamentarios de su propia coalición.
El
retiro reconoce la propiedad sobre los fondos, permite su libre
disposición sin tener que tributar por ello, lo que parece del todo
razonable, pues a estas alturas nadie reconoce que el Mercedes Benz, le
haya generado utilidades, sino que los socios reclaman que en realidad
las utilidades sólo las ha percibido el Administrador.
Con
todo, el retiro deja otros estropicios a la vista, que pasa con los
cientos de miles de trabajadores a honorarios que habiendo prestado
servicios para la Administración del Estado, nada pueden retirar, si no
han tenido imposiciones, quién se hace responsable. ¿Cómo es posible
que nuestra generosa clase política, que no da nada, sino que permite el
uso de los propios recursos de cada trabajador, no haya reparado en el
daño causado?. Ha sido la jurisprudencia la que ha hecho primar el
principio de realidad. O sea, el poder de lo obvio, quienes prestan
servicio bajo subordinación y dependencia, cumpliendo jornada, con una
contraprestación regular, son trabajadores, no prestadores de servicios
independientes. Lo grave es que no hay un patrón a quien culpar, con
ánimo de lucro, sino que se trata del Estado, de autoridades públicas
que en el ánimo de optimizar
recursos deciden incursionar en el mundo de las apariencias,
sustrayendo a cientos de miles de trabajadores a un estándar de segunda
categoría, sin previsión, sin derechos, y sin que ante la contingencia
sanitaria tenga nada que retirar, pertenecen al ejército de los
desheredados que sin ser cesantes ni indigentes simplemente nada tienen.
O sea, el retiro no es caridad, sino que el reconocimiento del
pleno derecho de propiedad sobre sus propios recursos, a los cuales se
sustrae parcialmente de su fin
específico de carácter previsional. En realidad, para quienes no
aspiramos a vivir 110 años o más, conforme a la estimación de vida
probable que otro hace por nosotros, el único retiro aceptable es el del
100%.