En
esta semana se ha asistido a un episodio más de la teleserie CORMUPA,
en que la respuesta del Concejo Municipal, ha sido más recursos para
pagar sueldos, otorgando un nuevo salvavidas a las finanzas
corporativas. Empero, no se ha atacado el problema de fondo, con
estadísticas, datos, auditorías e información fidedigna, y la disputa se
ha centrado en imputaciones que no tienen sustento en los contratos
colectivos debidamente registrados en la Inspección del Trabajo, que dan
cuenta de su contenido y del compromiso asumido por cada
Administración. A su vez, la Resolución de Traspaso, de la propia
Municipalidad, refrendada por la Dirección Nacional de Educación,
muestra un crecimiento desmedido en la dotación sólo del estamento
asistentes de la educación en trescientos trabajadores. Este análisis,
serio reflexivo, demuestra que el costo de los contratos colectivos
asumidos por esta Administración y que no se han cumplido, exceden todos
los márgenes de los beneficios concedidos históricamente, bien por los
trabajadores, mal por los negociadores institucionales cuya
responsabilidad es exclusiva y directa del Presidente del Directorio,
que es el alcalde, por lo demás, así ha sido históricamente, pues la
tendencia de casi todos, ha sido no hacer ajustes acordes a la matrícula
y al sistema de financiamiento variable de la subvención a la
educación.
A su vez, el Ministerio de Educación, es presa de su criatura, de la
reforma, que se hizo con un voluntarismo inexcusable, sobre la base de
axiomas y dogmas que se han demostrado sin correspondencia alguna con la
realidad, con los cambios culturales, económicos, políticos y sociales
que ha experimentado el país desde los ochenta, retrotrayendo el sistema
educacional a un sistema centralizado, que ante una crisis como la
vivida en estos días evidencia que los servicios locales no son tales,
en tanto no tienen real autonomía política y financiera, sino que son
meros intermediarios que reproducen el discurso ministerial. O sea, no
son sino un nuevo empleador, que en las actuales condiciones no tiene
ninguna posibilidad de éxito, representando su próxima administración
una amenaza cierta para la estabilidad y derechos de los trabajadores,
que no son los responsables del descalabro financiero, generado en
contrataciones recientes, beneficios no financiados e incapacidad para
asumir los necesarios ajustes que el sistema demanda, ante un ausentismo
creciente, escasa matrícula y un sistema de financiamiento que debe ser
suplido por el sostenedor, por su propia responsabilidad.
El salvavidas al modelito no lo está dando el Concejo Municipal de
Punta Arenas, sino el Gobierno, que ya en la convicción que no dejará
herederos, postergó todo para el año 2027. O sea, entregó la
responsabilidad del cuidado de la criatura al próximo gobierno y
responsabiliza del fracaso al pasado gobierno, en circunstancias que
éste no hizo sino aplicar la ley que en su oportunidad heredó, pues no
es efectivo que haya saboteado o perjudicado la reforma, los recursos
ministeriales nunca dejaron de llegar durante el Gobierno de Sebastian
Piñera. Por lo que culpar a éste del fracaso, tiene el mismo pecado de
origen en que incurre el alcalde Claudio Radonich, que ya en su segundo
periodo pretende justificar su fracaso en las pasadas administraciones,
lo que no se corresponde con la evidencia, contratos, expedientes
judiciales, estadísticas y auditorías practicadas en esa época. La culpa
de los concejales no es menor, su absoluta irresponsabilidad en no
revisar acuciosamente la documentación pertinente y evitar una pelea
amañada, que cada cierto tiempo afloja la mano, ante el no pago de las
remuneraciones e imposiciones previsionales. O sea, la educación
pública, es presa de un populismo desenfrenado que no resuelve ninguno
de sus desafíos fundamentales, y al parecer para éste mal no tenemos
salvavidas.