Este
año será especialmente duro para la educación de Administración
Municipal, que aún no exhibe un solo establecimiento en condiciones de
retornar a clases presenciales como el Instituto Don Bosco, las
diferencias son abismales, se hacen sentir años de paros, tomas y falta
de disciplina laboral, las explicaciones sobre los problemas
estructurales, las injusticias de la vida y de capital social y humano,
no resultan suficiente para satisfacer las expectativas de los padres y
apoderados quienes saben que sus hijos no tendrán una segunda
oportunidad.
El
reconocimiento al esfuerzo de quienes han procurado mantener un mínimo
de atención a través de clases on-line no ha sido suficiente. Lo cierto
es que el Gobierno, no ha logrado ordenar un sistema en crisis, cuyas
causas efectivamente son remotas, pero por todos conocidas. Uno de los
desafíos pendientes es el traspaso a los nuevos servicios de educación
local, que en realidad no ofrece alternativas ciertas de un mejor
servicio, sino que a estas alturas es un salvavidas para las alicaídas
finanzas municipales, nada más y nada menos, todos los intervinientes
están conscientes que no es ni ha sido una respuesta a la anhelada
calidad de la educación, gratuita, sin exclusiones ni segregación. En
realidad, si tan loables fines se consiguieran con una ley, la pregunta
es obvia, por qué hubo que esperar hasta el año 2018.
La
reforma una vez más estará marcada por el fracaso y la frustración, en
un país que ha transitado por décadas de reforma en reforma, incapaz de
garantizar el derecho a la educación, a la vez que el derecho a la
libertad de la educación, para crear y elegir establecimientos
educacionales. No basta con señalar que es un derecho fundamental de
los padres, elegir el establecimiento de su preferencia ni establecer la
prohibición del lucro para velar por una educación de calidad.
Lo
cierto es que la reforma no pudo cambiar el sistema de financiamiento,
el sistema de subvenciones, concebido en sus orígenes como un
instrumento de fomento para promover la prestación del servicio y
ampliar la cobertura, ambos objetivos se consiguieron. Con todo, ante
la inminente reforma constitucional cabe al menos preguntarse si es
posible garantizar una educación pública y gratuita que continua con un
sistema de subvenciones que aún con una nueva regulación no cambia su
naturaleza, no es un sistema de financiamiento basal. Tampoco el
traspaso del personal garantiza la preciada estabilidad funcionaria
propia de quienes son funcionarios públicos.
En definitiva,
la reforma del año 2018, bien puede ser una camisa de fuerza, un limite
infranqueable para cautelar con rango constitucional el derecho
fundamental a la educación en una Estado Democrático de Derecho. Así,
el traspaso puede ser una solución de corto plazo que resuelva los
problemas de caja de la Cormupa y de la Municipalidad de Punta Arenas,
pero no constituye una solución que otorgue estabilidad al sistema,
evite futuros conflictos y a poco andar una nueva reforma a la reforma
porque la anterior se quedó corta, porque fue el producto de otro tiempo
anterior al “estallido social” y al proceso constituyente que vive el
país.
Lamentablemente,
los partidos políticos aún se mantienen atrincherados ,defendiendo las
viejas banderas que hoy ya no tienen vigencia, son casi simbólicas y en
nada aportan, como el término del lucro, gratuidad universal, el término
de la segregación, por decreto, y una serie de consignas que han
terminado por agotar a los sufridos padres y apoderados que difícilmente
tienen otra opción.
Del
traspaso no se ha escuchado pío, ojalá se tenga el buen tino de
entender que en las actuales condiciones se hace impracticable, máxime
si aún continúa siendo un misterio los indicadores de matricula y la
comunidad pueda conocer cuantos serán los traspasados.