En
tiempo de elecciones varios conceptos aparecen reiteradamente en
campañas publicitarias buscando atraer el voto de la ciudadanía. Muchas
veces, sin embargo, se utilizan de una forma malintencionada, con un
profundo distanciamiento de lo que se pretende solucionar. La familia
sin duda es un elemento recurrente en los objetivos y propuestas para
cualquier programa de gobierno. Mal que mal la Constitución de la
República nos señala que la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad y responsabiliza al Estado del deber de protegerla y propender a
su fortalecimiento, en concordancia con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que describe a la familia como la unión natural y
fundamental de la sociedad. Además, en el último tiempo, la legislación
chilena ha apuntado al concepto de familia sin un modelo único (Acuerdo
Civil en Pareja, Violencia Intrafamiliar). Seguramente se requieren
muchas columnas para abarcar el concepto del bienestar de las familias y
esta mirada será parcial y quizás tangencial, pero es un intento de
generar debate en tiempos de definiciones, especialmente cuando
candidatos presidenciales fomentan políticas regresivas, que amenazan el
bienestar de las personas que integran las familias. Elección tras
elección vemos enfrentadas miradas y filosofías opuestas en la forma de
concebir la aproximación a las familias y su bienestar, que podrían
resumirse en aquellas políticas públicas que la tratan como un sujeto
colectivo de derecho y aquellas que la proyectan como una suma de
componentes que se centran en el individuo y su bienestar. El problema
es que algunos pretenden imponer el modelo de familia basado en un
matrimonio heterosexual y monogámico, que no da cuenta de una ciudadanía
diversa y cambiante, y de las desigualdades que tradicionalmente
conlleva esta mirada. Lo que es peor, muchas veces intentan infundir
temor en la población desde miradas conservadoras y limitadas de la
familia, cuestionando el divorcio, el aborto, políticas de género e
incluso el rol de Estado en el apoyo a familias no tradicionales o
culpándolas de los problemas de la sociedad. En Chile, las familias
monoparentales, homoparentales, reconstituidas, extensas o unipersonales
son una realidad en aumento y deben ser protegidas en igualdad de
derechos por parte de las políticas públicas del Estado, si lo que se
busca es el desarrollo integral de las personas. Hoy por hoy las
familias más vulnerables son aquellas monoparentales con hijos e hijas
numerosas, encabezadas por mujeres, en donde las carencias conllevan una
serie de otros flagelos que perpetúan la postergación y la pobreza. La
extrema pobreza aumentó un 4,9% en hogares liderados por mujeres durante
la pandemia. A eso no le podemos dar la espalda. Como dijo alguna vez
Trotsky: “Para cambiar las condiciones de la vida, debemos aprender a
verlas con los ojos de las mujeres”. Las familias chilenas
históricamente se han constituido desde la desigualdad de género, en
donde las mujeres son relegadas económicamente en todas las clases
sociales, asumiendo labores de hogar, reproducción y crianza, en una
sociedad que invisibiliza ese aporte y que tiende a su explotación. Como
consecuencia de la pandemia estas brechas de desigualdad aumentaron,
por lo cual en los programas de gobierno debería ser una transversalidad
obligatoria y exigible. Los invito a revisar y votar por el nuevo
Chile, basados en la realidad del nuevo Chile.