El 5 de diciembre se llevó a cabo un campeonato interclubes de tiro deportivo de
Punta Arenas, evento que se caracterizó por la camaradería tanto de los
competidores como de los familiares y amigos que participaron como
acompañantes o espectadores del evento, poniendo énfasis en la sana
camaradería y el respeto a las medidas de seguridad impuestas por la
organización del evento, por parte de todos los asistentes, situación
que no constituye ninguna novedad, porque eso caracteriza a los
propietarios legales de armas de fuego, sean ellas para defensa,
deporte, caza o colección. Siempre
los propietarios inscritos respetan incluso hasta el exceso las medidas
de seguridad con el objeto de evitar que se produzcan accidentes o
daños, por eso llama la atención el poco conocimiento y la poca seriedad
que se ha tenido por parte de iniciativas legales, algunas por mensaje
del Gobierno y otras por moción parlamentaria, que con un nivel supino de ignorancia pretenden restringir aun más el uso y adquisición de armas por parte de las personas. Iniciativas legislativas de esa naturaleza
lo único que logran es dejar el monopolio del uso de las armas civiles
en manos de los delincuentes, quienes sin lugar a dudas no inscriben las
armas que usan en la perpetración de sus delitos, provocando la
indefensión de los ciudadanos honestos y cumplidores de la ley. Como se
comprenderá, nadie sale a cometer delitos con sus armas inscritas, ya
que los delincuentes consuetudinarios lo que utilizan es armamento
adquirido también en forma ilegal para la comisión de los hechos
punibles en que tienen participación;
es decir, las personas que tienen sus armas inscritas no cometen
delitos y los delincuentes no inscriben sus armas, por lo que desde este
punto de vista cualquier proyecto de ley que pretenda dar mas estrictez
a la adquisición y uso de armas de fuego por parte de los propietarios
legítimos de ellas es carente de todo
sentido. No se entiende que incluso se han usado argumentos que
derechamente son mentiras para sostener las iniciativas legales, es así
que se ha dicho que países con leyes de control de armas permisivas
tienen más homicidios, lo cual es absolutamente falso, ya que viendo las
tasas estadísticas y los análisis que ha hecho al respecto la OECD, lo
cierto es que los países con mayores tasas de homicidios y delitos
violentos son aquellos que tienen prohibidas las armas de fuego o las tienen fuertemente restringidas para los ciudadanos honestos;
en consecuencia, más armas legales en manos de ciudadanos honestos no
producen más crímenes violentos, sin embargo, es frecuente ver la
correlación negativa, esto es, más
armas legales, menos crimen violento. Otro argumento falso que se ha
utilizado es señalar que los países con leyes de control de armas
permisivas son más violentos, pero nuevamente las estadísticas de la
OECD demuestran lo contrario, ya que los países más violentos de la OECD
son los que restringen el acceso a las armas de fuego para los
ciudadanos honestos y ese patrón se repite a nivel mundial. Otro
argumento falso que se ha esgrimido es que los países desarrollados
tendrían índices bajos de propiedad legal de armas de fuego por parte de
sus ciudadanos, nada más falso; por ejemplo,
si hacemos una comparación promedio por cada cien personas, en Chile
existirían en promedio cuatro armas de fuego por cada cien personas, sin
embargo en países desarrollados como en Canadá son 35 armas por cada
cien personas, en Finlandia son 32, en Noruega son 29, en Francia son
20, en Alemania son 20 y en Estados Unidos existen 120 armas de fuego
inscritas por cada cien ciudadanos. La fuente de lo ya expresado sigue
siendo la United Nations Office on Drugs and Crime (OECD). Otra
afirmación absolutamente falsa e incluso mal intencionada que se ha
esgrimido es que el uso de armas de fuego legalmente inscritas
constituiría un peligro para la ciudadanía. Esta es una afirmación
tendenciosa, mal intencionada y absolutamente falsa, ya que si revisamos
las estadísticas, existen 37 veces más gente que muere en accidentes de
tránsito que por armas de fuego, 16 veces más gente que muere por una
simple caída que por acción de armas de fuego, 10 veces más gente que
muere por exposición a líquidos o gases tóxicos que por armas de fuego, 6
veces más
gente que muere por ahogamiento que por armas de fuego. La cantidad de
accidentes con armas de fuego representa el 1% del total de todos los
accidentes y solo el 0,05% de la mortalidad total,
de modo que no tiene un impacto significativo en la sociedad chilena.
En el caso de los suicidios de personas, tampoco es significativo el uso
de armas de fuego, ya que 17 veces más gente se quita la vida mediante
ahorcamiento que con armas de fuego y dos veces más con otros métodos de
autoeliminación, siendo el uso de armas de fuego para cometer suicidio solo
el 0,0005% de la tasa total de suicidios, de manera que su incidencia
en ello no es de carácter significativo. Consecuente con lo expuesto,
resulta absolutamente injustificado imponer mayores restricciones para
la adquisición y uso de armas de fuego, toda vez que la actual Ley de
Control de Armas Nº 17.798 cumple muy bien con la finalidad de una ley de esta naturaleza, cual es saber en manos de quién están las armas, cuál ha sido la finalidad para su adquisición y dónde ellas se encuentran, lo que es correcta y perfectamente controlado por las autoridades fiscalizadoras del cumplimiento de esa ley, a cargo de Carabineros de Chile, quien lo hace correctamente con el debido celo que la ley y su reglamento complementario imponen.