No
hay duda de que el proyecto de Nueva Constitución consagra un nutrido y
generoso catálogo de derechos sociales. En ese sentido, el proyecto se
pone a tono, e incluso profundiza, el camino recorrido por el nuevo
constitucionalismo latinoamericano. Para bien o para mal, esto acerca la
propuesta de la Convención a constituciones de países como Ecuador,
Bolivia y Venezuela (así es, los sospechosos de siempre) y nos aleja de
la tradición constitucional de países desarrollados, que es más bien
sobria en esta materia. Sin embargo, detrás de la promesa de beneficios,
el proyecto de Nueva Constitución entraña aspectos inquietantes que
ponen en peligro nuestra democracia. En particular, el debilitamiento de
la independencia del Poder Judicial es probablemente el aspecto más
preocupante de ellos. ¿Por qué es relevante esta independencia y cómo se
degrada en el proyecto de nueva constitución? En
las democracias modernas, los jueces deben ser servidores de la ley y
no del poder, ya sea político o económico. Para garantizar esto, es
importante que la magistratura sea “inmunizada” institucionalmente de
presiones que puedan influir en sus decisiones. A esto nos referimos
cuando señalamos que el Poder Judicial debe ser “independiente”. Y para
que esta independencia sea efectiva, deben cumplirse ciertos criterios.
Uno de ellos es la autonomía financiera, que permite a los jueces
desempeñar sus funciones sin preocuparse de si contarán con el dinero
para desempeñar su función. Otro es el de la independencia profesional,
esto es, que la designación, calificación, y remoción de los jueces no
dependa de aquellos que pueden ser eventualmente juzgados por ellos. En
la actual constitución, la Corte Suprema juega un rol primordial en la
independencia del Poder Judicial. De hecho, si bien el Presidente decide
los nombramientos de los ministros de las Corte Suprema y de
Apelaciones, es la Corte Suprema la que confecciona la lista de
candidatos. Dicha institución además está encargada de la calificación y
evaluación de los jueces. Está claro que el actual sistema no es
perfecto, pero al menos cumple bien con la finalidad blindar a los
jueces de las presiones políticas que pudiesen sufrir. Sin
embargo, esto cambia radicalmente en el proyecto de Nueva Constitución.
La propuesta elimina de un plumazo el rol de la Corte Suprema en la
designación y evaluación de los jueces, traspasándoselo al denominado
“Consejo de la Justicia”, órgano de composición principalmente política.
Sus atribuciones están en el artículo 343, e incluyen la designación,
remoción, evaluación y calificación, promoción, y gestión de recursos
del Sistema de Justicia, que está integrada por todos los tribunales del
país. Las
consecuencias de esta modificación son graves, ya que permiten la
captura de los jueces por parte del poder político. Imaginemos que
el Presidente (de izquierda o derecha) estuviese siendo juzgado por un
tribunal en el contexto de un delito de alta connotación pública
(digamos cohecho o tráfico de influencias). Imaginemos también que el
sector político de dicho Presidente tiene mayoría en el Consejo de la
Justicia ¿Contaría el juez a cargo de dicho caso con la independencia
suficiente para ser imparcial, sabiendo que su trabajo depende de la
persona a la que debe juzgar? Evidentemente no. Veámoslo desde otra
perspectiva. ¿Sería ese juez imparcial si condenar a un opositor le
sirve para ganar puntos y así ascender en su carrera? Tampoco. Esto se
torna aún más complicado si se tiene presente que el proyecto de nueva
constitución está plagado de materias interpretables donde los jueces,
principales intérpretes de las leyes, están llamados a jugar un papel
determinante. Esto incluye materias tan sensibles como la posibilidad de
reformar la constitución, el diseño del sistema electoral, y en
realidad cualquier aspecto donde el poder político encuentre un
obstáculo. Existe
una relación directa entre la independencia judicial y democracia. Esto
ocurre porque la ley y quienes están encargados de aplicarla sirven de
límite al poder político, impidiendo sus abusos. Por el contrario,
cuando la ley puede ser torcida a conveniencia de quienes detentan la
autoridad,
la democracia se resiente. Es por eso que, si se analiza la trayectoria
de los países que han perdido sus democracias a manos de regímenes
autoritarios de izquierda o derecha, es fácil constatar que la
independencia del poder judicial es uno de los primeros elementos en
sufrir. Esto, a su vez, explica que muchos demócratas, de izquierda y de
derecha, no puedan comprometerse con un proyecto como el planteado por
la Convención.