Antes
de la pandemia, el reto de la humanidad estaba centrado en la reducción
de gases de efecto invernadero con el fin de adaptarnos y mitigar los
efectos del cambio climático. Es esperable que pasada la crisis
sanitaria, se retome dicha prioridad que estará condicionada a los
impactos sociales, económicos y políticos que nos dejará el COVID19.
Debemos
entender que nuestro planeta siempre ha sufrido de cambios climáticos.
Miles de años atrás, nuestra región estaba cubierta por hielo. Asimismo,
como seres humanos somos parte de la naturaleza y en toda circunstancia
nos corresponde velar por la integridad de los ecosistemas, es decir,
asegurar la no interrupción de los servicios biológicos que provee un
ecosistema. De ello se trata la sustentabilidad, mejorar la calidad de
vida de personas en armonía con nuestro entorno.
El
mundo se ha fijado una meta extremadamente difícil: Frenar la adición
de gases invernaderos a la atmósfera. Es decir, pasar de la emisión
anual de 51 billones de toneladas de gases invernaderos a cero toneladas
al año 2050. Para ello no existe posibilidad alguna si no cambiamos
nuestra manera de producir energía eléctrica. Entonces, el mundo y
nuestra región requiere proveer de energía a las personas, a un costo
que puedan pagar, pero sin adicionar gases invernaderos.
En
tiempos de populismo es fácil subirse a los discursos conservacionistas
extremos, que valiéndose de un vociferante despliegue mediático, no se
hacen cargo del impacto económico y social que generan en las
comunidades que dicen y desean ayudar. De hecho, Bill Gates, uno de los
líderes mundiales del objetivo de Carbono Neutralidad o Cero Carbono,
señala que es inmoral hacer pagar la cuenta a las personas que están en
la parte baja de la tabla del desarrollo económico. Por eso, fue inmoral
el cierre de Mina Invierno, ya que dejó a miles de personas sin
ingresos, cuando era posible conservar sus trabajos e ingresos por
muchos años mientras paralelamente continuábamos con el proceso de
descarbonización de la matriz energética que Chile estableció hacia el
año 2040. La torpeza e inmoralidad de las autoridades de la época son
las que condenaron a nuestra gente a la pobreza, mientras que son los
colombianos y australianos los que se benefician de la exportación de
carbón con el cual se genera casi el 40% de la energía eléctrica en
Chile. Obviamente, la huella carbono no se redujo, solo cosechamos
desventura para miles de habitantes de nuestra región.
Por
otro lado, ninguna autoridad ha señalado los desafíos que tenemos como
región en la generación de energía eléctrica a bajo costo, baja en
emisiones y disponible para todo el territorio. Nadie se atreve a
transparentar la realidad del “aporte compensatorio” al gas natural, lo
que inhibe cualquier competencia de otras fuentes de energía y
desincentiva su uso eficiente . Los políticos de siempre, no se atreven a
discutir nuestro futuro energético por ignorancia o interés.
Si
queremos que Magallanes resuelva sus problemas de energía acorde a las
exigencias del siglo XXI, es decir, promover el crecimiento económico de
forma sustentable en armonía con la naturaleza y cooperante en la
reducción de emisiones de gases invernaderos, será clave que emerjan
nuevos liderazgos que iluminen el camino entre tinieblas.