Hace
algunas semanas, se publicó un estudio sobre el comercio ambulante en
la Región Metropolitana, elaborado por el Centro de Políticas Públicas
de la Universidad Católica. Este arrojó importantes conclusiones y
cifras que invitan a mirar de forma crítica la venta de productos
ilegales en la vía pública. El llamado es que tanto las autoridades,
instituciones públicas y privadas, tomen cartas en el asunto, desde
generar bases para una regularización.
El
comercio ambulante en la capital ha experimentado un significativo
crecimiento en los últimos años, agravado por el estallido social y la
crisis sanitaria del Covid-19, además de la migración irregular. Estos
factores son solo algunas respuestas a la falta de empleos formales con
salarios adecuados. Este fenómeno afecta a personas de diversas edades y
niveles de educación que se ven obligadas a recurrir a esta actividad
para complementar sus ingresos, lo que pone de manifiesto la urgencia de
abordar la problemática del empleo en el país.
Sin
embargo, esto no es lo único a considerar. La proliferación del
comercio ambulante ha tenido un impacto en la seguridad pública. Los
transeúntes se sienten amenazados y, tanto los vendedores del comercio
establecido como los informales, son víctimas de robos y extorsiones. La
percepción de los vendedores sobre la peligrosidad del espacio es de un
nivel medio (31,1%), donde se identifica el delito con mayor frecuencia
a los robos en la vía pública, con un 58%.
El
comercio ambulante ha transformado la experiencia de habitar el espacio
público, obstaculizando el paso, dificultando la vigilancia y generando
conflictos en el entorno urbano. Este tipo de actividades lo convierte
en un espacio propicio para personas que cometen delitos, como robos
sorpresa, ya que pueden esconderse de las cámaras, cambiar de ropa y
luego escapar de manera indetectable. Por esto, es que la regulación
debe abordar este aspecto para garantizar una convivencia adecuada entre
los diferentes actores de la ciudad.
Uno
de los aspectos más preocupantes es la conexión entre el comercio
ambulante y el crimen organizado, es importante tener en cuenta que
quien ejerce esta actividad en la vía pública constituye el último
eslabón de toda una logística que permite que aquello tome lugar. La
venta de productos ilegales, como réplicas de ropa o cigarrillos de
contrabando, está alimentando cada vez más actividades delictivas que
requieren una atención inmediata.
La
creciente presencia del comercio ambulante en la capital plantea una
serie de desafíos complejos que van desde la seguridad pública hasta la
necesidad de brindar oportunidades laborales dignas. Es imperativo que
las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen para encontrar
soluciones equitativas y efectivas que permitan abordar este fenómeno de
manera integral.
Esto
implica una regulación más clara, la promoción del empleo formal y la
lucha contra el crimen organizado que se aprovecha de esta actividad. En
última instancia, se trata de buscar un equilibrio entre la necesidad
de supervivencia de muchas personas y la necesidad de mantener un
entorno urbano seguro y ordenado.