El
asunto de los impuestos y del volumen de la carga tributaria del país,
no debería convertirse en una cuestión doctrinaria ni dogmática. Lo
importante es que los tributos no se conviertan en abusivos, y que la
recaudación impositiva se traduzca en servicios públicos reales, de
buena calidad y de amplia cobertura en los sectores sociales que se
busca favorecer. Sucede con frecuencia en nuestro país que los nuevos
tributos no llegan a los destinatarios ni cumplen los objetivos sociales
propuestos al crearlos, en tanto que los servicios y prestaciones a la
ciudadanía siguen siendo endémicamente mediocres, mal diseñados e
insuficientes. Entonces, cabe preguntarse dónde quedan o se extravían
los recursos obtenidos de las sucesivas reformas tributarias promovidas
por los últimos gobiernos.
El
BID acuñó el concepto de “filtraciones”, un eufemismo, para explicar la
ineficiencia en la asignación de esos recursos, así como el desvío de
los mismos hacia esferas de esmerilada opacidad.
El
actual gobierno se alinea con los anteriores en su entusiasmo por subir
la carga fiscal, impulsando una reforma tributaria que finalmente ni
siquiera alcanzó el umbral de aprobación de la idea de legislar. Cuesta
entender que a pesar de los ingentes recursos que se han recaudado en
los últimos años para sectores como la salud y la educación, estos sean
cada vez más deficientes y constituyan una de las causas más intensas de
la frustración y el malestar de la ciudadanía. A veces queda la
impresión de que los sectores de izquierda o autodenominados
progresistas, tienen una fascinación y apego por el dinero impropio de
quienes debieran favorecer la promoción social, al punto que es difícil
diferenciar su sensibilidad hacia la riqueza de la de quienes la
promueven y estimulan sin reservas, desde las entrañas mismas del
sistema.
La
reforma tributaria puede ser una herramienta para aumentar la
recaudación fiscal, es cierto; hay que hacerla bien, con inteligencia,
protegiendo a las personas. Pero también se pueden allegar recursos para
las finalidades sociales propuestas reduciendo, cortando y reasignando
recursos que actualmente no generan ningún valor. Si hay algo
reprochable de la gestión de los gobiernos de los últimos 30 años, es
sin duda haber invadido sin recato la administración pública de miles de
activistas, operadores y agitadores políticos, a los cuales se les paga
un sueldo todos los meses por labores improbables o que, en cualquier
caso, son absolutamente prescindibles. Se ha trastocado brutalmente el
sentido del servicio público, pasando desde uno enfocado en servir a la
ciudadanía a otro dedicado a servirse del Estado sin ninguna inhibición.
A su vez, en las esferas más altas de la
administración y en los ámbitos de la conducción superior del Estado,
se ha ido generando una creciente presión inflacionaria de asesores con
remuneraciones que en algunos casos llegan a ser lesivas para las
personas comunes y corrientes.
No
se entiende que en un país pequeño, modesto y más bien pobre como el
nuestro, los ministros y subsecretarios contraten y dispongan de decenas
de asesores que cada mes gravan al erario con ingentes recursos. Esta
es un área, además, en la que habitualmente se practica el amiguismo, el
nepotismo y la compensación de favores pasados, abonando un enorme
sector prebendario que lastra la administración con inequidad, falta de
mérito y dispendio de recursos públicos.
Entretanto, las contrataciones en el Estado aumentan, los gastos superfluos crecen, los servicios siguen siendo malos y, finalmente, la cuenta la tenemos que pagar todos los ciudadanos, el sufrido pueblo de Chile.