Sin lugar a dudas uno de los
episodios más comentados fue el paso del ex presidente Sebastián Piñera y no
precisamente por plantear ejes programáticos para el Chile del futuro, sino por
la inexplicable defensa hacia su ex ministro y formalizado ex senador de la
UDI, Pablo Longueira.
Daniel Matamala periodista, le consultó por su
ex subordinado formalizado por los
delitos de cohecho y delitos tributarios tras intercambiar información de la
Ley de Royalty cuando era senador con el ex gerente general de SQM, Patricio
Contesse.
Al respecto el candidato de Chile Vamos
señaló: “Un Presidente puede tener reglas más estrictas y al designar a los
ministros no me preocupo solamente de si tienen o no problemas con la ley”.
Insólito. Se le pregunta a un candidato
presidencial por los estándares, acerca de probidad, corrupción y conflicto de
intereses y termina defendiendo lo indefendible.
Quizás es bueno recordar que
Longueira no solo representa esa clase política hoy altamente cuestionada por
la ciudadanía, que hizo uso y abuso de su cargo en el gobierno y su autoridad,
sino que también por las supuestas irregularidades cometidas durante la tramitación
legislativa de la Ley de Pesca, en que habría recibido apuntes sobre cómo
redactar la norma. Lejos de reprochar estas acciones, Piñera insistió en la
presunción de inocencia y que los tribunales aún no han demostrado culpabilidad
de su entonces ministro. En lo personal hubiera esperado de su parte un juicio
ético a la conducta indebida, pues se trataba de un Ministro de Estado, un
funcionario público regido por el Estatuto Administrativo.
Así el candidato Piñera sólo
parafraseó una excusa para evitar la condena que corresponde frente a la
conducta ajena a la probidad de un ex colaborador. Lo cierto es que no sabe
distinguir entre los amigos y la responsabilidad de un Jefe de Estado.
Sólo para no olvidarnos, la “Ley
Longueira” atenta contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los
derechos de los pueblos originarios. Es cuestionable desde el punto de vista
jurídico, constitucional, político y también moral, al entregar de manera
gratuita y a perpetuidad la propiedad del 92% de las cuotas pesqueras, así como
el goce monopólico de las rentas anuales que generaban, a siete familias
empresariales, las que han dominado el sector pesquero durante los últimos
cuarenta años.
A través de la Ley Longueira, los grupos empresariales
lograron eliminar el papel del Estado como dueño de los recursos marinos del
país y su capacidad de asignar derechos de propiedad, acceso y uso de los
recursos pesqueros de la nación, transfiriendo dicho papel en forma exclusiva
al mercado, mediante la entrega de licencias de pesca de duración indefinida.
Por eso de seguro el candidato Piñera salió del
estudio de “Aquí está Chile”, pensando que es mejor no hablar de ciertas
cosas.