El
programa del segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet
proponía una reforma tributaria, una reforma educacional y una nueva
Constitución. Había conciencia de que una nueva Constitución debía
sentarse sobre los cimientos de las garantías, derechos y deberes, y un
nuevo sistema político. Se proponía el Estado Social y Democrático de
Derecho en una Nueva Constitución para una democracia moderna en donde
el Estado es planteado como un “Buen Gobierno”, en donde la dignidad,
libertad e igualdad de las personas debían ser nuestra motivación. Se
reconocía que existen derechos individuales y colectivos, cuya garantía y
efectiva concreción debe asumirse por parte del Estado, y que la
propiedad privada debe tener una función social.
El
lunes, el pleno de la Convención Constitucional votó el informe de la
segunda propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales, en
donde se aprobó con 114 votos a favor la norma que define a Chile como
un Estado Social y Democrático de Derecho, el cual reemplaza el concepto
de Estado subsidiario de la Constitución vigente. Sin duda, los
millones de compatriotas que se manifestaron durante el estallido social
y que votaron apruebo hoy pueden evidenciar que las reivindicaciones y
los derechos a los cuales aspiraban empiezan a quedar plasmados en la
nueva Constitución. Chile pasa a ser un Estado solidario en donde deja
de ser el mercado el responsable de dar condiciones de dignidad a la
ciudadanía. Es dejar atrás el Estado neoliberal.
En
la práctica, esta norma implica que será el Estado quien asume la
responsabilidad de otorgar a los ciudadanos y ciudadanas las
prestaciones y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades
básicas y esenciales. Es decir, el Estado pasa a ser gestor de servicios
para la ciudadanía, procurando justicia distributiva y la ayuda
oportuna de acuerdo a sus capacidades y recursos. De esta forma el
Estado asume la responsabilidad de que todos los chilenos y chilenas,
especialmente los más desposeídos, tengan igualdad de oportunidades, a
través del ejercicio del derecho, para satisfacer sus necesidades
básicas (empleo mínimo, salud, educación, vivienda, previsión, entre
otros).
Sin duda, la transición de un Estado subsidiario a uno Social y Democrático
de Derecho será difícil y gradual. El aparataje administrativo del
Estado debe transformarse y reorientarse. Requiere la voluntad política
del Poder Legislativo. Requiere que el tejido social, político y
económico de nuestra sociedad se comprometa por un Chile más solidario.
Se requiere diálogo, empatía, voluntades, humanidad. Se requiere
entender que la igualdad y justicia social será responsabilidad y
patrimonio de todos, en donde los privilegios estarán descartados.
Cuando
los mismos poderes de siempre instalan una campaña de desprestigio
hacia la Convención Constituyente con el afán de fomentar la idea de
rechazar la nueva Constitución, esta norma y otras, que apuntan hacia un
Estado solidario, democrático, plurinacional, ecológico, paritario e
intercultural, ratifican que se avanza hacia el camino correcto,
haciéndose cargo de las demandas de la ciudadanía, basados en los
valores de dignidad, libertad e igualdad. Avanza una nueva Constitución
más justa, democrática y ciudadana, avanzan las razones para votar
Apruebo en el plebiscito de salida.