Uno
de los cambios básicos de la nueva Constitución será el establecimiento
de un Estado Social Democrático de Derechos reclamado por la mayoría
incuestionable que fue electa para su redacción. El poder del sector
privado, que en la C-80 quedó establecido de una manera imposible de
contrarrestar, permitiéndole crecer de manera exponencial a un punto tal
que, luego de la sorpresa del fin de semana pasado, ejercerá toda su
influencia comunicacional para defenderla a ultranza. Nadie quiere
perder el poder que le permitía llevar a cabo su voluntad aun en
desmedro de los ciudadanos.
El
principio de subsidiaridad es un impedimento para que el Estado
desarrolle actividades que beneficien a la comunidad cuando existe un
interés mercantil. No importa si su labor resulte más eficiente o
beneficiosa que la que desarrollen los privados, y en cambio se debe
replegar solo para aplicar regulaciones. Podía intervenir si se lograba
colegislar, pero debía
entrar en un proceso de participación en igualdad de condiciones que
podrían hacerlo los privados. Dicho esto, resultaba solo enunciativa,
pues actualmente se impide que, con toda su estructura, pueda llevar a
cabo acciones de producción de bienes públicos o proveer prestaciones para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
El
contexto en que se redactó la C-80 ha sido analizado por todos los
sectores y existe una altísima opinión de su falta de legitimidad
(histórica) que llevó a obtener un resultado de la clase
política-económica. El momento de gloria de este sector debería haber
llegado a su fin luego del estallido social de octubre de 2019, y
comenzar a modificar el abuso de poder que se logró bajo su amparo o
como consecuencia de él.
Ya
han terminado las disputas basadas en la Guerra Fría y hoy los Estados
occidentales persiguen una funcionalidad distinta para promover el
progreso, el cambio y la mejora de las condiciones de las personas. La
C-80 no lo permite y llevó al distanciamiento económico que todos vemos y
que se acrecentó con las últimas cifras de crecimiento de las fortunas
de los más ricos, mientras la nación trata de sobrevivir en las aguas
tormentosas derivadas de la pandemia. Por ello la reclamación por
empatía social es tan abrumadora.
Ahora
bien, para lograr el mecanismo de un Estado Social, lo primero será
conseguir en las próximas elecciones presidenciales obtener un líder que
se sustente en esos principios. A su vez, se tendrá que rodear y
articular con un conjunto de profesionales y políticos que deberán
orientar sus conocimientos a aplicar la nueva regla exigida por la
ciudadanía, lo que será un proceso de aprendizaje lento, profundo y
dinámico. Con los
resultados electorales se ha abierto una altísima esperanza de que la
redacción permitirá llegar a un óptimo. La discusión estará en los
detalles.
El
Estado Social no se contrapone al Estado Subsidiario ni buscará impedir
que los privados desarrollen actividades lucrativas. Hacerlo sería
transformar nuestra
sociedad en un Estado Totalitario, y ese es el temor más creciente que
tienen los que defienden el neoliberalismo extremo que permitió que
todas las actividades de nuestra vida queden bajo el amparo del mercado.
Sin duda tendremos un exceso de judicialización cuando las nuevas
normas comiencen a afectar los intereses particulares. No habrá que
temer a los pleitos y sus resultados, será una época de acomodos, y así
como se perdieron muchas batallas amparadas bajo el manto de la C-80, no
me cabe duda que ocurrirá lo mismo con la C-22, solo que los actores
serán otros.
Vamos
a tener que acostumbrarnos a la consagración de los derechos sociales
fundamentales como condiciones básicas para la libertad. Todas ellas son
demandas con contenido moral que los ciudadanos exigen al Estado y que
este no puede estar en condiciones de eximirse de cumplirlas ni hacerlas
cumplir.