La
semana pasada esta columna dio cuenta de la decadencia de los liceos
emblemáticos de nuestro país. Dentro de las posibles explicaciones, se
señaló que grupos de extremistas -adultos- han utilizado a menores de
edad para sus causas políticas, por la vía de convencerlos de que son
sujetos históricos de las clases oprimidas luchando en contra de un
sistema tirano. Planteé también que dichos estudiantes, utilizados como
soldados, serán abandonados cuando ya no sean útiles, altura en la cual
ya habrán hipotecado su futuro. Sin embargo, el panorama de la educación
pública solo estará completo si también consideramos la utilización
política de los estudiantes con ocasión de la pandemia, a la que
contribuyeron desde el establishment instituciones como el Colegio de
Profesores (al cual no cabe confundir con los profesores) y el actual
gobierno.
Para
cualquier observador despierto no existe ninguna duda de que
instituciones gremiales como el Colegio de Profesores tienen objetivos
políticos que van más allá de los intereses de sus asociados. Un ejemplo
de esto es la constante negativa del Colegio de Profesores de abrir las
escuelas en el contexto de la pandemia. De hecho, a principios de este
año se estimaba que la vacunación de niños en Chile sería cercana al
90%, sin embargo, el Colegio de Profesores se seguía oponiendo a la
vuelta a clases. Es más, Chile fue uno de los últimos países de la OCDE
en abrir sus escuelas. Lo curioso es que no fue precisamente un cambio
drástico en las condiciones sanitarias lo que llevó a la apertura de las
mismas, sino que fue un cambio de gobierno afín al gremio. La actitud
de gremios como el Colegio de Profesores o el Colegio Médico, férreos
opositores de un gobierno de derecha y dóciles con uno de su color
político, deja entrever que estos espacios muchas veces son utilizados
como trinchera política.
El
problema es que esta guerra de trincheras tiene víctimas colaterales,
en este caso, los estudiantes de la educación pública, y en particular
los niños más vulnerables del país. En ese sentido, un estudio entre el
Mineduc y el Banco Mundial (2020) concluyó que en el mejor de los casos
la pérdida de aprendizajes en relación con los conocimientos adquiridos
en un año normal fluctuaría de un 15% para el quintil más rico y un 50%
en el más pobre. Esto no sólo significa ampliar dramáticamente las
brechas educacionales entre familias de mayores y menores ingresos, sino
que tiene importantes repercusiones para el porvenir de estos niños.
Según un reciente estudio elaborado por el Banco Mundial, la UNESCO y el
UNICEF (2021) la pérdida de aprendizajes impactará significativamente
los ingresos futuros de estos estudiantes, pérdida que se acentúa en los
niños provenientes de familias más pobres.
Sumado
a esto, a pesar de que los escolares perdieron la mayoría de los
aprendizajes por el cierre de escuelas en el año 2020-2021, el gobierno
ha destinado más del 90% del gasto público en educación a la educación
superior. Esto se dará principalmente a través de la condonación del
CAE, medida ampliamente criticada por varios expertos, entre otros
motivos, porque existen prioridades más urgentes, muchos profesionales
están en condiciones de pagar dicho crédito, y hay facilidades para el
pago. Priorizar la educación superior considerando el terremoto
educacional en materia escolar resulta tan absurdo que no es difícil
especular que existan motivaciones político-electorales que justifiquen
esta decisión. Total, los niños no votan en las elecciones y los
universitarios no sólo lo hacen, sino que son los más entusiastas en
redes sociales y a la hora de movilizarse. Algo similar se podría decir
de la lógica de entregar bonos, por ejemplo, a trabajadores de la
cultura post pandemia, en circunstancias en que muchos trabajadores de
otros rubros (turismo, por ejemplo) perdieron sus ingresos durante la
misma. Así las cosas, los niños pasarán a ser prioridad sólo cuando
tengan edad de votar, o sea, cuando ya no sean niños y su futuro esté
comprometido.
La
utilización de la educación como trinchera no sólo es grave, sino que
no tiene una fácil solución. Quizás el primer paso es mirar con
escepticismo los actos de asociaciones gremiales como el Colegio de
Profesores, aceptando que, como cualquier grupo de interés, tiene
motivaciones políticas que no necesariamente son compatibles con los
intereses de los estudiantes. Por otro lado, aquellos profesores que
están verdaderamente interesados por los estudiantes tienen el deber de
disputar esos espacios políticos. De esta forma contribuiremos a evitar
que los niños más humildes de nuestro país se transformen en carne de
cañón.