El día cuatro de diciembre de 2022 se publicaron los resultados de la encuesta “Plaza Pública” Cadem, que abordó dentro de sus puntos
una alta aprobación a la gestión de Carabineros de Chile, llegando a un
78% de aprobación, digno de destacar, siendo ese el nivel más alto al
que ha llegado dicha institución desde el año 2014; del mismo modo, también logrando cifra récord
desde el año 2014, el Ejército a tenido una aprobación del 72%,
demostrando con ello que la ciudadanía en general, la gente de esfuerzo,
trabajo y sacrificio, los que en definitiva trabajan para dar a sus
familias un mejor pasar, los estudiantes que por sus esfuerzo buscan
mejorar su vida y lograr ser personas útiles a la sociedad y engrandecer
al país, no los activistas tendenciosos que solo buscan la destrucción,
tienen una alta estima por la labor de las instituciones,
demostrando que la pretensión refundacional de algunos políticos es
absolutamente infundada y que lo único que lograría es debilitar al país
en su calidad de tal, favorecer a los delincuentes y dejar en una mayor
indefensión que la ya existente a las personas respetuosas de la ley,
mismas personas que conforme a la misma encuesta, en un 87% percibe que
la delincuencia ha ido en aumento el último año, razón por la que el 80%
de los encuestados siente mucho o bastante temor a ser víctima de un
delito, siendo el transitar por lugares con comercio ambulante y caminar
por las noches las instancias que generan en la gente el mayor temor con un 85% y un 82%, respectivamente.
A
la luz de lo anterior, ante la inoperancia de los sectores políticos,
para generar políticas claras que permitan un combate y un control
efectivo de la delincuencia, las personas otorgan un alto nivel de
aprobación a las instituciones
en las que ven una preocupación por la gente, porque independiente de
la situación de contingencia que exista, independiente del Gobierno que se encuentre de turno, son esas instituciones
las que siempre están a su lado para colaborar con la gente, para
ayudar de manera desinteresada dejando sus integrantes incluso a sus
propias familias para ir en ayuda de quien lo necesite, son quienes aun
a riesgo de su propia vida no dudan en estar al lado de las personas
que se encuentren en estado de necesidad, los integrantes de las instituciones de Orden y Seguridad Pública y las instituciones de las Fuerzas Armadas,
quienes están presentes frente a graves catástrofes públicas como los
son los incendios forestales, inundaciones, terremotos, recientemente
colaborando en la pandemia aun
a riesgo de su propia salud, quienes están presentes en los estados de
excepción constitucional, como lo es entre otras cosas el resguardo del
orden público en La Araucanía, lo que hace reconocer a las personas que son las referidas instituciones y con ello sus integrantes, quienes se preocupan de verdad por la gente, que son las instituciones
antes mencionadas las que de verdad trabajan por la gente en forma
desinteresada y las que benefician y ayudan a las personas sobre todo en
situaciones de urgencia; y las perciben a su vez
como las únicas que en una situación de seguridad cada vez más
deteriorada en el país, son las únicas capaces de restablecer la
seguridad de las personas, por eso es que la gente se da cuenta que son
las instituciones encargadas del Orden y Seguridad Pública y las instituciones Armadas los entes en los que puede confiar y los que le pueden brindar el refugio necesario para solucionar la grave crisis de seguridad por la que pasa el país,; pero el Gobierno no escucha a la ciudadanía, sino que solo
adopta políticas erradas que en nada benefician a las personas, al
contrario, adopta políticas que perjudican a las personas respetuosas de
la ley y benefician a los delincuentes, pretendiendo desarmar a las
personas honestas bajo el eslogan que menos armas son más seguridad, lo que solo sería cierto si se desarma a los narcos, si se desarma a los terroristas que asolan La Araucanía,
si desarma a los ladrones que atacan a las personas por la vía de los
portonazos, encerronas y abordazos, cuyas armas de gran poder de fuego
no se compran en las armerías, porque las armas automáticas y de guerra están prohibidas por ley, sino que ingresan al país de manera ilegal; y
se dejan de adoptar medidas que no sirven para nada en contra de los
propietarios legítimos de armas que las tienen debidamente inscritas
para defensa, deporte, caza o colección, que no se dedican a delinquir y
que por lo mismo no van a bajar con ello las tasas de delitos, sino que
solo van a lograr desarmar y perjudicar a quienes no delinquen,
favoreciendo consecuencialmente a los delincuentes que quedarán con el
monopolio del uso civil de armas, perjudicando la legítima defensa de
los ciudadanos.
No al desarme de las personas respetuosas de la ley.