Los
defensores de la “educación de mercado” están muy activos de cara al
debate del proceso constitucional. Recientemente se publicó en medios de
comunicación un texto que señala que “identificar solo a las
universidades estatales con el concepto de ‘públicas’ no tiene sentido” y
se trataría de “una diferenciación impropia”. Se asevera que es una
“añoranza del pasado” y “una insistencia equivocada”, pues la calidad de
pública no puede reducirse a “la naturaleza jurídica de las instituciones”.
El
fondo de este punto de vista es explicado en el mismo texto que señala:
“Quizás el aspecto verdaderamente más anómalo del sistema universitario
nacional sea el que solo
algunas universidades tengan acceso a fondos basales y semi basales”.
Es decir, pareciera que no es suficiente “el actual modo de
financiamiento de la educación superior y la estructura de la
matrícula”.
En
ese contexto, resulta de un particular interés el recién publicado
libro “La Universidad pública amenazada. 40 años en el mercado chileno
de la Educación Superior” (Editorial Universitaria), en el que
participaron Ennio Vivaldi Véjar, exrector
de la Universidad de Chile; María Olivia Mönckeberg Pardo, Premio
Nacional de Periodismo 2009; Alejandra Contreras Altmann, directora
ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh); Roberto Flores Flores, expresidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile y exjefe de Estudios del CUECh; y Yerko Montenegro Ortiz, exsenador universitario.
En
la ceremonia de presentación, Vivaldi afirmó que “si tuviéramos que
discutir en qué sección de una librería colocamos este libro, sugeriría
que lo pusiéramos en la sección ‘semiología’, porque este libro de lo
que se trata es de los significados, y lo que quiere mostrar es cómo se
intentó tergiversar, deformar, rebajar el significado de lo que es una
universidad y cómo desde las universidades públicas fuimos capaces de
defender y ganar el significado de las universidades”.
En sus palabras, el exrector
abordó la discusión actual en torno al concepto de lo público. “¿Se les
ocurre a ustedes algún colegio privado del sector oriente que
quiera ser llamado liceo público?, ¿Alguna clínica privada que le
gustaría ser considerada un hospital público?, ¿Una Isapre que tuviera
como su gran eslogan propagandístico que lo van a tratar como Fonasa?”.
Así, cuestionó la pretensión de “universidades privadas que quieren ser
llamadas públicas”. En esta línea, sentenció que “si se ambigua, se
diluye y desaparece el concepto de lo público y todos somos públicos, le
estamos dando tardíamente la razón a los Chicago Boys: nadie es
público”.
En la oportunidad, el exsenador
Ignacio Walker destacó el rol de la educación pública en la
construcción de una mejor sociedad. Citó a la autora Sol Serrano, quien
en su libro “Ensayo sobre la noción de Estado en el siglo 19 y 20”
destina un capítulo a la Educación Pública en el siglo 19 en la
conformación de la nación. Indicó también que es necesario hacer “una
reflexión, ojalá desapasionada, que nos permita construir un sistema de
educación superior mixto, público y privado, pero donde siempre se
reconozca la especificidad de lo público–estatal, el cual no puede ser
diluido en un concepto de lo público, que tiene muchas acepciones, pero
no al punto de desconocer esa especificidad y esa historia en el país”.
En
la obra se expone que las transformaciones al modelo educacional
chileno, impulsadas durante la dictadura por los tecnócratas de Chicago y
los ideólogos conservadores, quedaron en gran medida aseguradas por los
múltiples cerrojos definidos en la Constitución de 1980, que estableció
el rol subsidiario del Estado. En este contexto, sostiene que el
mercado en la educación permeó en tal medida que hoy incluso el concepto
de lo público pareciera estar en disputa. “No son pocas las autoridades
de universidades privadas que han insistido, especialmente a propósito
de la discusión constituyente, en que sus instituciones debieran ser
también reconocidas bajo este término, lo que desconoce conceptos
jurídicos básicos y los consensos internacionales que identifican como
pública solo a instituciones controladas o gestionadas directamente por
una autoridad o agencia estatal, o cuyo órgano superior esté conformado
en su mayoría por miembros designados por la autoridad o elegidos
públicamente”, sostiene.