El
gran tema de las últimas semanas ha sido el indulto presidencial
otorgado por el Presidente de la República, a un grupo de trece
delincuentes, incluido el “Insurrecto”, situación que ha generado una
gran molestia en la gente, al punto que ha llevado a que la
desaprobación a su gestión, conforme a la encuesta CADEM, llegue a un
nivel del 70%, subiendo nueve puntos respecto de la medición anterior. En tanto, la
aprobación, cayó en tres puntos, llegando sólo a un 27%, situación de
carácter grave, ya que a estas alturas, ya es posible hablar de una
falta de legitimidad de ejercicio, toda vez que aún cuando exista una
legitimidad de origen, en virtud de una elección, desde un punto de
vista doctrinario, el ejercicio del gobierno que no cuenta con la
aprobación de la mayoría de la gente, se torna ilegítimo en torno a su
actuar, más aún en circunstancias que el gobierno lo que hace es
absolutamente contrario a lo que es el sentir de la gente y lo que es la
preocupación de la gente, ya que en todas las encuestas, la máxima
preocupación que presentan las personas es la gran alza de la
delincuencia, el grave problema de seguridad que sufren las personas y
que podemos observar a diario en las distintas noticias que aparecen en
los medios de comunicación. Pero,
lo que hizo el Gobierno, contrario al sentir de la gente, fue liberar y
poner en la calle a un grupo de delincuentes condenados. De una vez por
todas se debe entender que los delincuentes, son enemigos de la
sociedad y que se les debe tratar como enemigos y por tanto se les debe
combatir, porque de lo contrario las autoridades tanto ejecutivas como
legislativas no estarían cumpliendo con su rol de dar seguridad y
bienestar a la sociedad que los elige, ya que como bien señala Günther
Jakobs, “… las personas necesitan de una cierta seguridad cognitiva para
poder vincular su bienestar con el Derecho de manera crasa, el que sabe
que con bastante probabilidad va a ser robado, lesionado o incluso
muerto no puede hallar su bienestar en la sociedad…” Consecuentemente,
para dar bienestar a la sociedad y concretamente a las personas
respetuosas de la ley, lo que se debe hacer es poner a los delincuentes
en la cárcel, dar mayores facultades a las policías y facilitar a las
personas honestas los medios necesarios para protegerse y proteger a sus
familias, en vez de indultar a delincuentes. La facultad de indulto que
proviene de antiguo y es una institución propia de las monarquías, en
que por una “Real Súplica”, los reyes podían perdonar a quien había sido
condenado por los Tribunales, parece ser que cada vez tiene menos
cabida dentro de un Estado de Derecho, que se caracteriza entre otras
cosas, por la separación de los tres poderes del Estado y la
independencia de los mismos, de manera que parece aconsejable
derechamente o eliminar la facultad de indulto o de regularla y
restringirla, de modo que se pueda minimizar el daño que por falta de
tacto, tino y criterio pueda causar con ella un gobernante. Esperemos
que el indulto cuestionado, haya sido de verdad por falta de tacto, tino
y criterio; y, que no corresponda a un método de acción política, ya
que alguna vez se planteó que la revolución debía hacerse con los
delincuentes. Así
lo planteó en su memento Richard Rivera Calderón, uno de los líderes de
la “Vanguardia Organizada del Pueblo”, el VOP, movimiento que entre
otras atrocidades, asesinó al Ministro Pérez Zujovic; y, lo que señalaba
Rivera Calderón era: “La subversión debe hacerse con delincuentes,
porque son los únicos no comprometidos con el sistema. Los obreros
luchan solamente por aumentos de sueldo y los estudiantes son pequeños
burgueses jugando a la política; en el hampa está la cuna de la
revolución”. Si el Gobierno no comparte la opinión de Rivera Calderón,
ya es hora que se deje de privilegiar a los delincuentes, y que por fin
los traten como enemigos de la sociedad que es lo que son y dejen de
atacar a las personas que respetan la ley, ya es hora de empoderar
nuevamente a las policías, de permitir el uso de todos aquellos
elementos, incluso letales con que cuentan para poder de verdad
controlar el orden público y defenderse de la delincuencia y a la vez
defender a la sociedad, ya es hora que se permita como corresponde, a
las personas que respetan a la ley, adquirir y utilizar en su legítima
defensa armas de fuego, en vez de presentar proyectos cada vez más
restrictivos sobre la materia como el que se les rechazó la semana
pasada por 72 votos a 48; no se debe olvidar que si el derecho a la vida
es un derecho fundamental, también debe serlo el derecho de las
personas a procurarse y usar los elementos que les permitan defender su
vida y la de sus familiares. Sólo se va a terminar con la delincuencia,
cuando los delincuentes teman a la potencial víctima.