A
escasos ciento cincuenta días del traspaso del servicio educacional al
nuevo Servicio Local de Educación, existe en los trabajadores de la
educación la lógica necesidad de agarrarse a algún tipo de estabilidad
–aunque sea por aquello que más vale diablo que por conocerse-, es
comprensible que exista ansiedad e incertidumbre, porque si de trabajo
se trata éste es un bien preciado, apreciamos la estabilidad, lo
familiar, lo próximo y conocido. Atenta contra nuestro estilo de vida
el cambio por acto de autoridad, porque no es una decisión voluntaria en
que asumimos un cambio de vida, sino que una decisión política que
cambia un paradigma que genera estrés, angustia y hace sentir a los
trabajadores que deben ponerse a salvo. El trabajo habitual,
conocido, con todos sus inconvenientes se convierte en nuestra zona de
confort, por eso nos cuesta tanto asumir una reforma en que todos fueron
oídos pero muy pocos considerados.
A
pesar de las disposiciones legales que propician estabilidad y la
imposibilidad, al menos transitoria de generar ajustes de dotación, no
existe para los trabajadores la posibilidad de una decisión controlada,
previsible, máxime cuando más allá del discurso oficial que propicia
estabilidad y tranquilizar los ánimos, existe una realidad económica
incuestionable, la educación pública hace agua, no tiene matricula ni
recursos estables, regulares y permanentes que aseguren la ansiada
estabilidad que históricamente se ha percibido como la ventaja del
sector público, porque los trabajadores conocedores de la realidad,
perciben la incertidumbre que genera un sistema fallido, difícil de
reconstruir, al extremo que muy pocos arriesgan a sus propios hijos
enviándolos a las escuelas en que ellos mismos trabajan, precisamente
porque conocen la realidad y viven la pérdida de confianza.
En
este proceso el gran actor que es el Ministerio de Educación, no ha
logrado generar emociones positivas en torno a la reforma, ha fallado
enviando señales contradictorias, que impide a los trabajadores tener la
esperanza de alcanzar logros profesionales satisfactorios. Porque
cuando ven los logros de los servicios locales ya en funcionamiento, sus
indicadores y realidades materiales no es posible que quienes se
encuentran próximos al traspaso puedan hacer un balance real entre sus
posibilidades y sus expectativas, lo que paraliza y agrava los
conflictos.
El
proceso de traspaso ha sido en medio de la desinformación, los
conflictos y las frustraciones por los resultados ya conocidos, lo que
hace inviable un proceso de adaptación desde una lógica privada y de
proximidad con su empleador a un sistema altamente centralizado en que
los actores regionales y comunales poco y nada tendrán que decir o
resolver. El proceso de adaptación a una relación funcionarial propia
de funcionarios públicos a medias, con estatutos especiales, sujetos a
ajustes de dotación, que resuelve la autoridad, amenaza con transformar
el empleo en contratas permanentes, que es precisamente lo que el
legislador ha procurado evitar con las recientes modificaciones en esta
materia.
Ante
un cambio de esta magnitud ha faltado acompañamiento, no sólo discursos
tranquilizadores desde las alturas, enfocados principalmente en una
crítica al pasado, sino que decisiones que generen confianza, y aun está
presente el proceso de tramitación de la ley en que se anunció ajustes
de dotación de entre un treinta y cuarenta por ciento. Luego, la
percepción que existe sobredotación y que sobran manos en las escuelas
no surgió de los trabajadores, sino que de la misma autoridad que desde
sus inicios propició este discurso como una critica al pasado, sin
asumir las consecuencias.
Por
cierto, ningún trabajador va a propiciar que sus servicios son
prescindibles, por lo que esta incertidumbre tiene que resolverla el
Ministerio de Educación, el Gobierno y la billetera fiscal, porque el
sistema de subvención como financiamiento a la educación pública no es
compatible ni sirve de soporte económico a un servicio de educación
pública que debe generar estabilidad y ser capaz de funcionar en forma
regular y continua.
Si
descontamos los feriados largos y las próximas vacaciones, faltan menos
de ciento cincuenta días para el traspaso, y ya en la región se
percibe intranquilidad, el desbande propio de instituciones en
extinción, parece que lo razonable era consolidar y mostrar buenos
resultados en los servicios locales ya operativos que apurar el tranco
del ganado flaco.