Esta semana, la Fiscalía
Regional de Magallanes y las policías lograron uno de sus mayores
éxitos, luego que después de 15 meses de investigación, un individuo
fuera detenido y formalizado por el horrendo crimen de Elizabeth Mella,
una mujer asesinada a puñaladas en su propio hogar el 8 de marzo de
2020, tras lo cual su victimario incendió la vivienda para intentar
ocultar su participación en el asesinato y posible femicidio.
Meses
antes, a fines de enero, el Ministerio Público lograba también
esclarecer el asesinato del desabollador Omar Díaz, luego que su hijo
confesara el parricidio ocurrido tres años antes, en febrero de 2018.
Por
esas mismas fechas, el 8 de enero de este año, el fiscal regional de
Magallanes, Eugenio Campos, entregaba su cuenta pública en la cual
informaba que del total de casos ingresados, en el 62% de ellos se
aplicaron salidas judiciales. En cuanto a los términos no judiciales,
indicó que los Archivos Provisionales bajaron un 12% respecto del año
anterior, siendo unas de las cifras más bajas del país.
“Asimismo,
considerando la situación de Pandemia y las diversas dificultades que
se tuvieron para la concreción de audiencias y constantes esfuerzos de
la Fiscalía por mantener su realización, es que se desarrollaron 82
juicios orales en la región, de ellos, en un 95% se obtuvo una sentencia
condenatoria y en 5% sólo sentencias absolutorias”, enfatizó.
Pero
en medio de esas espléndidas cifras y hechos, Campos se veía obligado a
declarar: “la Fiscalía no permitirá presiones de ningún tipo que tengan
por objeto obtener una ventaja arbitraria en el sistema de
administración de justicia”, para luego hacer un llamado a que como una
sociedad organizada y dentro de un Estado de Derecho, esto debía ser
rechazado con fuerza.
Y
es que la actuación del Ministerio Público, tanto en Chile como en
Magallanes, no ha dejado de sumar durísimos cuestionamientos y críticas,
sobre todo, por la percepción de su indiferencia ante el sufrimiento y
dolor de las víctimas de crímenes cada vez más brutales.
La
misma cuenta pública de Campos, espléndidamente difundida a través de
múltiples plataformas y medios de comunicación, no consigna una palabra
sobre el número de asesinatos y femicidios ocurridos en Magallanes
durante el último año, los plazos de investigación y el porcentaje de
sentencias sobre el total de causas. Todo ello mantiene la percepción
regional de que persiste en Magallanes un alto número de crímenes sin
resolver que borran la promesa de una justicia de mejor calidad, hecha
allá por los años 90.
El
especialista en Seguridad Pública de la Universidad de Santiago, Jorge
Araya, puntualizó que el marco jurídico chileno ya comprende castigos
más severos que otras legislaciones de Latinoamérica y de países de la
OCDE. “El fondo del problema es la escasa efectividad que está teniendo
el sistema -policías, fiscalías y, finalmente, los tribunales- para
identificar a los responsables, probar el delito y llevarlo luego a una
sentencia definitiva condenatoria”, remarca.
Aunque
algunos casos emblemáticos como los nombrados recientemente han sido
esclarecidos, persiste la impunidad en las desapariciones de la
chillaneja Irma Solís y del tripulante José Márquez o, incluso, el
accidente del Hércules C 130, investigado por el propio Campos, hasta
ahora sin resultados.
Pero
es en la prevención y combate de la violencia contra las mujeres donde
el sistema colapsa miserablemente. Aunque se logre hacer justicia en el
caso de Elizabeth Mella, el fracaso de las políticas para erradicar la
violencia de género en contra de las mujeres de nuestro país y también
en Magallanes, es patente como lo demuestra dramáticamente la fecha en
que aconteció: el Día Internacional de la Mujer.
Y
dentro de ellas, una responsabilidad muy grande le cabe al Ministerio
Público, que ni siquiera parece hacerse cargo del tema como demostró la
cuenta pública del fiscal Eugenio Campos, a comienzos de este año, y que
figura en la página oficial de este ministerio y donde este tema, no
aparece mencionado.
También lo demuestran hechos recurrentes, ocurridos casi cada día aquí mismo en Magallanes.
Porque
mientras las autoridades llaman a denunciar, para ganar minutos en
televisión o mostrarse proactivos, los porfiados hechos demuestran que,
para las víctimas, el sistema es casi inútil.
Al respecto,
Ciper hizo en marzo un devastador balance del estado de las causas de
femicidios, ocurridos entre 2018 y 2020. De un total de 131 femicidios
reconocidos por SernamEG, sólo el 14,5% de los juicios está concluido y
el 51% se encuentra en proceso. En el 27% de los casos, los imputados se
suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. En 2020, en medio de la
pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto
en los últimos ocho años.
“Los
fiscales y las policías no indagan sobre eventuales episodios previos
de violencia y, por lo mismo, muchas muertes en circunstancias poco
claras o que aparentan ser suicidios, se cierran sin explorar la
posibilidad del femicidio”, agregó el medio.
La
invisibilización de la violencia contra la mujer por parte del sistema
penal es incluso más brutal de lo que da a entender Campos en su
discurso. Reviso infinidad de documentos y en ellos siempre la fuente es
Sernameg o alguna institución u organismo ad hoc. Nunca lees: “Fuente:
Ministerio Público”, a secas, como si para el organismo persecutor esto
fuera solo un asunto de mujeres.
Reviso
las páginas de este diario y me encuentro, tan solo esta semana, a una
mujer embarazada, amenazada de muerte en Punta Arenas, cuchillo en mano,
por su expareja. Sólo le dieron una orden de alejamiento, medida que
aplica incluso cuando las víctimas han sufrido graves lesiones llegando
incluso al hospital, como bien lo atestiguan a menudo las páginas de
este diario.
¿SIRVE ESO DE ALGO?
No.
Hasta 2018, tres de cada 10 mujeres víctimas de femicidio, había tenido
una medida cautelar para su protección y, según estimaciones del
SernamEG, un tercio de las mujeres víctimas de femicidio había
denunciado. Una exautoridad del Ministerio de la Mujer citada por Ciper
concluyó: “La única forma en que las mujeres víctimas de violencia estén
seguras es que los victimarios estén presos, pues los victimarios no
son sensibles a los medios disuasivos”.
Quizá
el tema de fondo no sea tanto intentar erradicar la violencia del
hombre contra la mujer, por medio de tribunales, sino más bien erradicar
la propia violencia de nuestro actuar cotidiano, donde “el otro,
concebido como legítimo otro y un fin en sí mismo”, como dijera el
filósofo belga Jacques Maritain, ha desaparecido casi totalmente en el
quehacer de los chilenos, partiendo por su mediocre clase política, gran
parte de la cual ya se rindió ante el hechizo violento de la lucha
popular.
Pero
si los políticos, por una vez en su vida, decidieran mirar el problema
en toda su complejidad, más allá de las consignas y frases para la
galería y las encuestas, entonces y sólo entonces, sería posible aspirar
a que nuestras instituciones, entre ellas el Ministerio Público, las
policías y los tribunales, puedan dar el ancho en este tema y el consejo
“denuncie”, ya no sea un llamado a la inmolación.
Quizá entonces, también, muchos padres de familia, podrán dormir un poco más tranquilos.