En agosto de 2022
el ministro Giorgio Jackson le manifestaba al país que “nuestra escala
de valores y principios dista de la generación que nos antecedió” en
alusión a la generación que llegó al poder y de la cual él es uno de los
fundadores junto a Boric y Vallejo.
Así
fue como llegaron al poder. Diciendo que venían a cambiarlo todo, a
refundar Chile y hacer las cosas mejor que la Concertación – Nueva
Mayoría y la Derecha, porque no sólo eran superiores técnicamente, sino
también en lo moral, en lo ético, en lo probo. Algo que, ciertamente,
quedó en nada tras explotar lo que ha sido denominado como el “caso
fundaciones” o el “fundaciones gate”.
Curiosamente
la protagonista de esto, quien encendió la mecha, fue la actual
diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien en 2021
y en un tono frustrante, decía “¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”
como forma de justificar la violencia descontrolada de la época. De
hecho, fue la misma Pérez, en 2018,
quien presentaba muy orgullosamente su proyecto conocido como “ley
antipitutos” bajo el argumento de “combatir delitos de corrupción,
conflictos de interés y tráfico de influencias en la política”.
¿Qué
ha ocurrido? Que el castillo de naipes se cayó más rápido de lo que
pensaron, quedando en evidencia como lo que realmente son: una
generación que ha hecho de la mentira una herramienta política, la cual
usan y recurren a ella cada vez que les da la gana, con una
irresponsabilidad brutal y sin medir ni importarles las consecuencias,
especialmente en las personas, siendo incapaces de tener un mínimo de
consecuencia entre lo que dicen y lo que hacen. Sólo dicen lo obvio, lo
que la gente quiere escuchar y con eso basta. Total, saben que nadie va a
salir a las calles a marchar o protestar, ni mucho menos a destruir,
porque quienes fueron parte de esas acciones hoy son parte del aparto
público.
De
esta manera con sorpresa, pero también con profunda rabia, las chilenas
y chilenos nos enterábamos de los pormenores de un contrato, vía trato
directo, entre la Seremi Minvu de la Región de Antofagasta y la Fundación
Democracia Viva por 426 millones de pesos. Pero lo que podría haber
supuesto un hecho fortuito resulta ser que, en base a las evidencias,
pareciera más bien un mecanismo diseñado para defraudar al Estado y
favorecer a los partidos políticos, militantes, amistades y relaciones
personales del oficialismo, concretamente del Frente Amplio. De hecho,
el caso de la diputada Pérez es digno de una mala novela de Corín
Tellado, toda vez que fueron favorecidos su (ahora) expololo y el (ahora) exseremi quien además fue jefe de gabinete de la actual diputada por Antofagasta.
A
la fecha se han destapado casos similares en otras zonas del país,
destacando los casos en las regiones de Los Lagos, Biobío, Metropolitana
y Maule, los cuales presentan exactamente las mismas dinámicas, mismos
modus operandi: tráfico de influencias, abuso de poder y redes para
defraudar al Estado y favorecer a los suyos.
¿Pero
estamos acaso frente a unas mentes brillantes para defraudar al Estado,
a las personas y la fe pública? La respuesta es no y la encontramos en
España.
Porque en 2018
el actual diputado español, Íñigo Errejón, uno de los fundadores de
Podemos junto con Pablo Iglesias, develaba la estrategia de la
colectividad para dejar “colocados” a los suyos, en diversas
reparticiones públicas, organizaciones, fundaciones y lo que fuera, en
caso de perder elecciones. Por cierto, Podemos – Iglesias y Errejón son
parte de los referentes políticos e intelectuales de la generación que
actualmente gobierno Chile.
En
aquella ocasión, Errejón decía a los presentes que “para los compañeros
que gobiernan en Barcelona, o que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan
en Madrid, ¿cuál sería una tarea?: asumir, cuando perdamos las
elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por
cierto, donde refugiarse cuando gobierne el adversario”, afirmaba Errejón indicando la importancia de que existieran asociaciones de vecinos
“saludables, enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que
haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más
espacios culturales y de autoorganización”, entre otros.
Cierto,
sería injusto sentar un manto de oscuridad y meter a todas las
fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos y
otros en el mismo saco de instrumentalización política. Sin embargo, el
daño ya está hecho, la fe pública aún más resentida, las desconfianzas
acrecentadas y Chile, como sociedad, sumido en un limbo de incertezas y
decepciones donde sólo resta esperar que esta generación culmine su
gobierno sin destruir, aún más, lo que queda de país.