Es
un hecho. El clamor más profundo que se percibe en el estallido social
chileno es la desigualdad. Esta se manifiesta de muchas maneras, desde
pequeñas acciones como saltarse una fila por ser conocido de la persona
que atiende, a la dispar actuación de la justicia.
Lo
último se ha visto reflejado a lo largo de muchos años, por ejemplo,
con la severidad que recae a la hora de sancionar a vendedores
ambulantes de CD’s o artesanías, pero perdonando colusiones millonarias
de ciertas empresas y aquellos delitos de cuello y corbata.
Para
que un Estado se considere de derecho y desarrollado, la confianza
social en sus instituciones es fundamental porque genera una convivencia
pacífica y estabilidad al dar certeza de las relaciones e interacciones
entre gobernantes y gobernados.
En
esa línea, el anuncio hecho por el gobierno esta semana resulta clave.
La Agenda Antiabusos busca combatir con mayor severidad las colusiones y
abusos, así como dar mayor protección a los derechos de consumidores y
trabajadores.
La
iniciativa gira en torno a tres ejes: delitos económicos, donde La
Moneda baraja sancionar con cárcel efectiva a quienes se coludan por
bienes sensibles para la población, es decir, suministros básicos; un no
rotundo a la “letra chica”, para que todos estemos tranquilos e
informados sobre las condiciones de los servicios que contratamos o
productos que adquirimos; y por último, con la celosa protección de
derechos de los trabajadores.
Lo
que exige la ciudadanía es que todos seamos iguales ante la ley, y lo
anunciado por el Presidente apunta a aquello. A combatir la impunidad y
los abusos tanto en el sector público como privado.
En el camino para llevar esta agenda a cabo, se requiere un trabajo colaborativo con la sociedad
civil y también con organizaciones que puedan ser garantes de que estas
reformas tengan la profundidad y el alcance necesario para generar
cambios reales y duraderos. Además, es imperativo poner énfasis en la
probidad en los gobiernos municipales y locales, en la clase política y
empresarial en general.
En
forma adicional, quizá sea certero impulsar medidas que a corto y largo
plazo sean capaces de modificar el comportamiento de las personas para
llevar a nuestra sociedad a una conducción personal íntegra, para lo
cual la enseñanza de ética y educación cívica podría contribuir con la
constitución de métodos efectivos que corten de raíz el mal que
representa la colusión, la corrupción y el abuso, sin perder por
supuesto de vista que para esto la mejor escuela es el propio hogar.
Es
urgente. Debemos erradicar ya la cultura del “más vivo”, de la toma de
atajos, del aprovechamiento de posiciones de poder para sacar una
tajada, y en la persecución de este fin, resulta fundamental el
establecimiento de medidas legislativas, penales y procesales que
regulen los abusos en forma eficaz e inquebrantable.
Al final del día, el valor de nuestra democracia radica en la tolerancia que tengamos frente a los abusos. Yo opino que debiera ser cero.