Dentro de los diversos servicios públicos, que componen el Estado de Chile, existe el Servicio de Gobierno Interior (SGI), organización dependiente de la Subsecretaría del Interior, la cual es la encargada de asistir y asesorar a las autoridades de gobierno, como las Delegaciones Regionales y Provinciales, en su rol de representantes naturales e inmediatos del Presidente de la República en los territorios, a lo largo y ancho del país, específicamente en materias de orden público y de gestión, en donde se incluye administración territorial. Su principal objetivo es fortalecer la gestión del Gobierno hacia un Estado al servicio de la ciudadanía.
A diferencia de otros Servicios con un enfoque técnico y especializado, el Servicio se caracteriza por ser un coordinador de los servicios públicos en el territorio, un articulador en busca de acercar el mismo Estado a las personas, independiente de donde vivan. Es por este motivo que causa gran relevancia la movilización nacional, que comenzó la semana pasada, donde de manera inédita, las asociaciones de funcionarios, agrupados conforme a la ley, en la Federación de Asociaciones de funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines – Fenaminsa, han desplegado de forma coordinada y estratégica, la primera movilización masiva de este servicio en la historia.
Durante años, desde el retorno a la democracia, los funcionarios, en sus diferentes calidades jurídicas de contratación, han tenido una lealtad única con todos los gobiernos de los últimos 30 años, que incluso, en más de una ocasión, significo que todos los servicios públicos, se manifestaran, y el Servicio de Gobierno Interior, no se sumara a estas convocatorias, ante el temor de represarías acorde a la “Ley de Seguridad Interior del Estado”, situación que llevo, a una mejora sostenida del resto de los Servicios Públicos que componen el Estado, y que dio inicio a un desigual trato, y un menoscabo, en base a la postergación de los funcionarios ,y el nivel de inversión en el Servicio.
Las Asociaciones agrupan en su mayoría a funcionarios de los segmentos más bajos de la Escala Única de Sueldos – E.U.S, funcionarios que llevan años trabajando, ellos se han capacitado con títulos profesionales, especializaciones y tienen una experiencia única, por ejemplo en las coordinaciones de respuesta ante emergencias, que no han sido reconocidos por su mérito, y que solo ven como “Nuevos Talentos”, ingresan a asesorar al Servicio, sin tener experiencia alguna en temas gubernamentales y de gobernanza, que solo este servicio puede entregar. La lealtad se acabó, el día que los funcionarios se convencieron de que el reclutamiento interno, no es prioridad para el Gobierno, y menos, que se promueva las oportunidades de movilidad social, que tanto reclama la sociedad contemporánea.
Los funcionarios públicos, están conscientes que la movilización, dará paso a un estado de preparación, esto significa una nueva etapa, que prepara la paralización total, de los distintos procesos que llevan adelante las Delegaciones Presidenciales, una verdadera Pre-Parada, que incluye a todos los funcionarios.
Existen claras diferencias normativas, y legales, dentro de los servidores públicos, que hace que el Estado no sea un buen empleador, en donde incluso aún mantiene vigentes diferencias entre sus diversas instituciones, originando servicios públicos, de primera y segunda clase, y debido a lo anterior, origina también funcionarios públicos de primera y segunda clase. Resulta insostenible hoy, representar a un Estado, a un Presidente de la República, bajo condiciones de maltrato laboral, nulo desarrollo de una carrera funcionaria en base al trabajo duro y a la dedicación de horas de estudio, o ante la presencia de equipos, materiales e insumos obsoletos.
Actualmente, funcionarios que están terminando su vida laboral, adultos con 20 o más años de servicio, y jóvenes que recién se vinculan con el Estado, concluyen que el Servicio de Gobierno Interior, no es un lugar, en que las capacidades y talentos, se gestionen de forma eficiente. El Estado está conformado por personas, no por edificios.