Ya
hemos visto en anteriores columnas parte del trabajo que realizan los
Gobiernos Regionales, siendo una de sus funciones el Ordenamiento
Territorial, entendido como el desarrollo armónico e integral de los
asentamientos humanos de la región, incluidas las áreas rurales y
localidades aisladas, pudiendo proponer territorios como zonas rezagadas
en materia social.
Lo
anterior implica, la dotación y mantenimiento de obras de
infraestructura; la protección, conservación y mejoramiento del medio
ambiente; el buen funcionamiento de la prestación de los servicios de
transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo; el
financiamiento de estudios para la disposición de los distintos tipos de
residuos y los sistemas de tratamientos más adecuados para cada uno de
ellos; y, no menos importante, proponer a la autoridad competente la
localidad en que deberán radicarse las secretarías regionales
ministeriales y las direcciones regionales de los servicios públicos.
Para
tales fines, el Gobierno Regional deberá elaborar su plan de
ordenamiento territorial, instrumento que orienta la utilización de la
superficie de la región para lograr su desarrollo sustentable, fijando
condiciones vinculantes de localización para la disposición de los
distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones
para la localización de las infraestructuras y actividades productivas
en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la
identificación de las áreas para su localización preferente.
El plan regional de ordenamiento territorial será
de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos
que operen en la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito
de influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas
que estén sometidas a planificación urbanística.
Como
se observa, la elaboración del plan de ordenamiento territorial, es un
instrumento de gestión importante para los fines de administración del
territorio, que debe ser respetado por los privados y por el Gobierno
Central, por lo cual, su confección debe estar acompañada de consulta
pública que comprenderá la
imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas
de estructuración del territorio regional que considere el Gobierno
Regional.