La
mayoría de las(os) ciudadanas(os) del país asocian fundición ventanas a
contaminación, a las comunas de Quinteros y Puchuncaví, a las mal
denominadas “zonas de sacrificio”, y a los terribles casos de
intoxicación de niños, niñas y adolescentes de escuelas y liceos
públicos durante varias décadas. El tema es noticia nacional por estos
días y de ello se culpa al actual Gobierno por tomar la decisión de
cerrar la fundición.
Pero
hay una arista de la que poco y nada se habla: cómo es que se obligó a
Codelco a adquirir una fundición obsoleta a la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI), asumiendo así sus pérdidas. Porque lo que hizo el
Estado de Chile fue utilizar recursos de la cuprífera estatal para
salvar indirectamente a ENAMI, una empresa que estaba “encargada de
administrar un subsidio público a la pequeña y mediana minería,
consistente, teóricamente, en generar economías de escala para el
refinamiento de cobre al que estas empresas no pueden acceder (las
fundiciones y refinerías son, por definición, grandes), pero en realidad
combinado con garantías de precios, créditos blandos, bicicletas
financieras y préstamos que, en muchos casos, no se pagan.
En
el traspaso de la fundición además se procedió con otro elemento que
distorsiona el concepto de alianza público-privada imperante en Chile:
el subsidio estatal a las empresas privadas. “Se estableció por ley,
además, que esa fundición debía seguir sirviendo a los mineros privados
(a pérdida), cobrando menos de lo que en realidad cuesta procesar su
material y suplantando a Enami en parte, de su función de subsidio.
Prácticamente nada de la producción de Codelco de los últimos quince
años se ha procesado en Ventanas.
Hay
otro elemento complicado en esta ecuación: bajo el paraguas de Enami
operan, disfrazadas de pymes, algunas de las “más grandes fortunas
mineras” del país, la mayoría de las veces con relaciones muy íntimas
con parlamentarios de sus zonas… de lado y lado. Esta situación es de
conocimiento público porque el propio ex presidente del directorio de
CODELCO, Óscar Landerretche lo denunció: “Cuando, como presidente de
Codelco, levanté este tema en los foros empresariales, periodísticos y
parlamentarios, se nos recibió con un elocuente silencio e indiferencia,
que es la forma en que los líderes de nuestro país clausuran temas. El
cierre de la fundición ha estado, en la práctica, prohibido por
gobiernos sucesivos, y el subsidio a los empresarios, garantizado por
ley”.
Una
vez más, una situación impresentable como la intoxicación de nuestros
niños, niñas y adolescentes de las familias más vulnerables, es menos
importante que ganar plata, y lo peor de todo es que la ganan los mismos
de siempre. Si los(as) parlamentarios(as) de la época fueron capaces de
crear una Ley que permite que un pequeño grupo de empresarios reciban
un subsidio que pagamos todos, entonces es un caso más de corrupción,
junto con la Ley de pesca y otras que nos perjudican como sociedad.
Los(as)
actuales parlamentarios(as) o ignoran o son cómplices de esta
situación. Si son ignorantes no deberían estar en el parlamento; si son
cómplices, deberían estar en prisión.