Una
de las interpelaciones más recurrentes hacia el Mandatario es el
excesivo gasto público sobre algunas materias a partir del Gobierno,
incluso, descuidando otras de bastante relevancia para nuestra
ciudadanía. La verdad es que la problemática ha conllevado discusiones
políticas que poco y nada enmiendan el trasfondo de la realidad país,
más aún, sistemáticamente brotan nuevos antecedentes de gastos
realizados por doquier a través del gobierno y otros que vuelven hacer
continuamente sombras. Por tanto, mi columna de la semana sugiere lo
siguiente “Gobierno de Chile: Un enamorado del gasto público”.
Primero,
sobre el Ministerio de la Mujer y a partir de los datos de carácter
público, sin duda, este no ha hecho más que gastar y despilfarrar
recursos sin resultados plausibles, claro, un organismo muy amado por el
Presidente de la República y defendido por las autoridades
correspondientes. Recordemos que cuatro millones de pesos fue lo que a
fines del año pasado el Fondo de Equidad de Género le asignó al proyecto
llamado “Ilustraciones y Manejo de Instagram” del colectivo “Las
Clito”, el que, según argumentaron desde el Ministerio de la Mujer,
permitía la creación de una guía que enseñaba a dibujar un clítoris.
Esta iniciativa buscaba según el ministerio «ilustrar y difundir de
manera didáctica la anatomía genital femenina, que va en línea con la
necesidad de una educación sexual integral en Chile»; pretensión ambigua
y débil si observamos la real urgencia
de nuestro país. Sobre esto, en conversación con El Mercurio, la
ministra Orellana respondió que la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos es un deber de la autoridad y que no hacerlo “acarrea
responsabilidad internacional y podría ser constitutivo de falta de
servicio”. Junto con lo anterior, manifestó que “el desconocimiento del
clítoris es un problema de salud pública” que involucra a “niñas,
adolescentes, mujeres y personas con vulva”, sin duda, elementos de poca
conciencia social para un país que adolece de políticas públicas
transversales. Al parecer desde que se creó el Ministerio de la Mujer
(2016) no se ha visto una mejora significativa en la protección de la
mujer, por el contrario, los casos de violencia intrafamiliar, abuso
sexual y homicidios se han mantenido estables en sus porcentajes y al
alza, aquello puede ser visualizado a través del Centro de Estudio y
Análisis del Delito (CEAD) y Ministerio de la Mujer respectivamente. Tal
vez, estamos frente a un Ministerio que demanda recursos fiscales y su
justificaciones son muy débiles.
Segundo,
la lista de empresas públicas con resultados negativos son bastantes,
por ejemplo, TVN cierra el primer trimestre con pérdidas de $1.526
millones, cifra exorbitante si consideramos los reiterados recursos que
han ido en ayuda del canal estatal para no caer en la quiebra, claro,
pero con impuestos de todos los chilenos. Otra arista es el caótico
presente del Ministerio de Cultura. Seis ministros en cinco años, a su
vez, un reglamento que aún no norma al ministerio, además de autoridades
que no han logrado aglutinar fuerza al interior de la cartera, son solo
algunos de los problemas que vive el Ministerio de Cultura tras su
creación en marzo de 2018, que, entre paréntesis, continua con las
mismas conjeturas hacia el presente gobierno, más aún, el ministro Jaime
de Aguirre, en tres meses de gestión, ha tenido que sortear un paro de
funcionarios y las palabras del Ejecutivo
por declinar la invitación de honor a la Feria de Frankfurt. Estamos
frente a ministerio con denuncias de funcionarios por un aumento
desmesurado de asesores bien pagados y con el arrastre de inestabilidad
de años precedentes más los recursos gastados, por consecuencia, es otro
organismo estatal con gastos sin viabilidad. A todo esto, agreguemos la
contratación del ex convencional Ignacio Achurra Diaz como nuevo
Director de la División de Organizaciones Sociales, junto con ello,
considerar que Javiera Hausdorf, quien presidía la División de
Organizaciones Sociales ganaba $7.712.201 millones según datos de
Transparencia Activa del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno
(Segegob). Mientras que la líder de esta cartera, la ministra Camila
Vallejo, recibe un sueldo de 7.012.388 millones de pesos.
¿Incongruencia? ¿Ignacio Achurra continua con este gasto público
viciado? Son algunas de las preguntas que surgen y emergen desde un
nostálgico columnista amante de la libertad y distante del aclamado
Estado. Por otra parte, también debemos sumar las interpelaciones de La
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) señalando que,
“recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos” en el
marco del Pacto Fiscal que pretende impulsar el gobierno no es el camino
adecuado, en otras palabras, es insistir con el capricho
utópico de la izquierda más radical en subir y subir y subir impuestos,
o bien, crear, crear y crear más impuestos; este no es el camino
correcto, por el contrario, la modernización del Estado y la
distribución de los recursos públicos sugieren una salida que gime hace
años con dolores de parto por ser considerada. Lo que Chile necesita son
acciones que permitan recuperar el ritmo de crecimiento, condiciones
para la inversión y un avance importante para reimpulsar las concesiones
y calidad de la industria, así la construcción de empleos viene como un
adyacente indiscutido.
Tercero,
para nadie es un misterio los acontecimientos vislumbrados durante los
últimos días, donde el caso Democracia Viva parece un tsunami que solo
debe sentarse a mirar y recoger los pedazos del desastre experimentado.
El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre,
se refirió al caso que involucra a un grupo de militantes de su partido
con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde se firmaron convenios
por un total $ 426 millones entre el Serviu de dicha región, liderado en
ese entonces por Carlos Contreras (exjefe de gabinete de la diputada
Catalina Pérez y la Fundación Democracia Viva), presidida y fundada por
la entonces pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD). Se cree que
hay “sospecha de corrupción”, ya que, una organización que se forma, que
tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios
con el Estado con muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de
los recursos públicos, sin duda, debe ser investigado y suena con
bastante incoherencia. En el marco de esa investigación, es que la tarde
del martes la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de
la PDI allanó el domicilio que la diputada Catalina Pérez mantiene en la
comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, y que
compartía con Andrade cuando eran pareja. ¿Dónde estaba el Estado cuando
se gastaba y autorizaba dicha cantidad de
recursos fiscales? Sin duda, estamos frente a una noticia en
transcurso, pero, con elementos que vuelven a tensionar el gasto público
de nuestro país, donde mi premisa intenta reflexionar ante los hechos
suscitados del último tiempo enmarcados a través de la siguiente
premisa, “Gobierno de Chile: Un enamorado del gasto público”.