El ataque cibernético a los computadores de Gobierno Digital, con la vulneración a la clave única de miles de ciudadanos de nuestro país, nos deja la lección de lo poco preparados que estamos para afrontar los nuevos tiempos. La información dada a conocer señala que luego de un ataque distractor al sitio web del organismo, el hacker aparentemente tuvo acceso a parte de los datos digitales que maneja el Estado sobre las personas, lo que nos deja a todos los chilenos en una absoluta desprotección. El Gobierno sostiene que esos datos están encriptados, por lo que no habría riesgo para los ciudadanos, y que existen respaldos en red que permiten asegurar que no se podrá exigir rescate por su recuperación. Pero, bueno, esa es la versión del Gobierno. Pese a ello, oficialmente se anunció un proceso de actualización de claves, similar al que realizan cada cierto tiempo las instituciones bancarias, y que se desarrollará conforme los ciudadanos vayan efectuando nuevos trámites, momento en que el sistema les solicitará el cambio de contraseña. La sensación de inseguridad nos atemoriza a todos, porque nos damos cuenta de que ni siquiera podemos contar con un servicio acorde a lo necesario por estos días. Es evidente el retraso de nuestro sistema político para responder a los desafíos que el cambio tecnológico impone. La actual legislación sobre delito informático data de 1993 y existe consenso en que ya ha sido superada por la realidad. El actual Gobierno envió en 2018 un proyecto para reemplazarla; despachado en marzo por el Senado, su discusión no registra desde entonces mayores avances en la Cámara. Consideramos de urgencia entregar una necesaria seguridad al respecto, ya que el mundo moderno de redes ha traído grandes beneficios en términos de acceso a información, eficiencia productiva y nuevos servicios, pero también acarrea riesgos de delitos informáticos.