Hace
unas semanas escribía, con bastante indignación a raíz del mediático
caso Barriga, sobre las irregularidades que empañaban la idea de recta
administración publica desde los municipios, invitando a que por medios
como la ley de transparencia, exijamos información sobre las sesiones de
determinado concejo municipal, o hacia dónde van los fondos que
recaudan determinados organismos públicos para evitar “distracción” de
recursos, que a tantos “servidores” les ha parecido tentador. Era esa
misma columna llamada “Caiga quien caiga”, la que sin importar sectores,
anhelaba un país que se caracterice por el buen actuar y probidad, cuyo
vocablo tiene su origen en la voz “probitas” y significa bondad,
rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar,
siendo incluso sinónimo de honorabilidad, en cuya definición lamento
dejar fuera similitud alguna en la controvertida noticia sobre la
renovación de vehículos para el tribunal superior jerárquico que existe
en Chile, el máximo órgano jurisdiccional dentro de los tribunales que
integran el Poder Judicial, sin hacer crítica en la renovación
vehicular, sino en los gastos que ello implica, porque si de montos ha
de tratarse, la cifra que asciende a casi mil trescientos millones de
pesos, por 22 vehículos para una muy pequeña y selecta parte del Poder
Judicial, resulta indignante cuando enfrentamos una lamentable tragedia
nacional cuya multimillonaria reconstrucción merece prioridad y
urgencia, por cuantos “lujos” no deberían ser motivo de “pausa” en el
gasto nacional, para transformarse en recursos parche frente a políticas
reactivas, sino para replantearnos y cuestionar, sin temor a la pública
información, cuáles son las cifras que está mal gastando el Estado en
un pequeño punto hacia donde se destina el gasto fiscal, en un ítem que
solo destina recursos en beneficio de 22 funcionarios, solo para efectos
de su traslado, algo muy diferente en este tránsito que conduce hasta
aquella anhelada recta administración, cuya honorabilidad se sustente
solo en los méritos suficientes y desde luego desafiantes para llegar al
lugar que les honra, incentivando una carrera funcionaria de vocación
y sobre todo de alta preparación, por sobre una carrera que sea en
virtud de las comodidades e innecesarios lujos que pueda entregar.
Más allá de la pantalla le seguía a “CQC” en la nombrada columna líneas
más arriba, porque respecto a aquellos desvíos e irregularidades
cometidos por funcionarios públicos a través de fondos disponibles con
autónoma administración, la realidad negativamente ha superado la
ficción.
Y
si la ficción ha creado el concepto o ha elevado aspiraciones para
algunos, de sofisticación material en altos cargos a través de lujos
otorgados en razón de brindarles muestras de merecida “dignidad”, como
la necesidad irracional contenida en 22 Lexus, ¿por qué no animarnos a
proponer cambios de conceptos?, donde, por ejemplo, lo verdaderamente
“digno” sea que el motivo de noticia respecto a determinado poder del
Estado, radique en la austeridad que le caracteriza, y en la necesaria y
conjuntamente exigible preparación que les inviste realmente como una
respetable autoridad.