Usar
información para tomar una decisión de inversión es totalmente lógico.
Usar información privilegiada es inmoral e ilegal, pero ocultar
información para llevar adelante una reforma tributaria es lo más bajo
que se puede hacer. La historia comienza el año 2005 cuando el entonces jefe subrogante del Departamento de Estudios y posterior director
del organismo, Michel Jorrat, realiza un detallado informe de 85
páginas donde analiza pormenorizadamente el sistema tributario chileno,
llegando a una conclusión general: gran parte de las franquicias
tributarias que operaban en el país favorecían a los contribuyentes de
alto patrimonio, es decir los super ricos. El informe en cuestión estuvo mucho tiempo en la página web del SII,
y sirvió para llevar adelante la reforma tributaria del segundo
Gobierno de Michelle Bachelet. Pero todo cambió a partir del año 2018
cuando un inquieto directivo de un gremio de funcionarios del propio
Servicio, consultó respecto de la posibilidad de actualizar el estudio
de Jorrat. Cuando se plantea actualizar, lo que se solicita es llevar
los valores de ese estudio a tiempo presente, pero eso no fue lo que
entendió este gobierno, y en vez de llevar adelante ese proceso, bajaron
deliberadamente el informe y lo cambiaron por otro de 12 páginas,
argumentando que “El cambio en el informe de gasto tributario del 2005
es una decisión del área (de Estudios) que obedeció simplemente a una
estandarización de los informes al formato actual resumido en el que se
publica la serie”.
El informe de Jorrat es impresionante, ya que revela sin filtro, los desproporcionados
y repulsivos beneficios tributarios que recibe el 1% de la población,
comparados con el resto de los “patipelaos” de este país. En primer
lugar, el uso del FUT (Fondo de utilidades tributarias) es el que más
perjudica la recaudación fiscal, ya que más que ser un mecanismo para
aumentar la inversión, se transformó en un mecanismo para posponer el
pago de impuestos. Tan grave es la situación, que el Fondo llegó a
acumular el mismo monto que el PIB de un año en Chile, unos 250 mil
millones de dólares. Esa fue la principal razón para realizar la reforma
tributaria en el gobierno de la Presidenta Bachelet.
El
otro factor revisado por el informe de Jorrat, tiene relación con el
IVA (Impuesto al Valor Agregado) que se paga generalmente por todas las
compras de productos y servicios que hacemos a diario. El resultado es
revelador con solo un ejemplo. Las exenciones y hechos no gravados
sumaban un total de 307 millones de dólares el año 2004. De ese total,
el 74,2% de exenciones corresponde al quintil más rico de este país. En
contraposición, solo el 1% de la población del quintil más pobre pudo
acceder a esos beneficios.
La
información se ocultó en beneficio de los super ricos de Chile. Se
aprobó una contra reforma que los beneficia (incluido el Presidente
Piñera). El ministro de Hacienda Felipe Larraín, los parlamentarios de
derecha que votaron en bloque y los parlamentarios de oposición que
creyeron en el “cuento del tío”, son cómplices. Si quiere revisar el
informe completo y el recortado, visite www.eldesconcierto.cl.